Aunque algunas fuentes, que por motivos obvios prefieren ser discretas, reconocen que la Xunta está tardando un poco más en liquidar sus facturas, desde la Consellería de Facenda que lidera Marta Fernández Currás indican que el Gobierno autonómico ha conseguido reducir a 21,75 el tiempo de pago a proveedores sólo cuatro meses después de poner en marcha el sistema electrónico de facturación, que comenzó a funcionar el 26 de febrero.

Se trata de una actuación con la que, según San Caetano, la comunidad va un paso por delante y logra adelantarse en dos años a la Directiva Europea de pagar, como máximo, en 45 días cuando el límite legal está fijado en 60. La evolución del sistema, indican, va en la línea del objetivo de alcanzar este año un 20% de las facturas en formato electrónico.

Mientras, desde Madrid, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que gestiona Miguel Sebastián tampoco quiere quedarse atrás en la lucha contra los pufos a las empresas y creará un observatorio de la morosidad que realizará un seguimiento y análisis de la evolución de los plazos de pago y de la morosidad en las transacciones comerciales, elaborando un informe que remitirá a las Cortes Generales y publicará en su web.

En este observatorio estará presente la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, entre cuyos miembros fundadores se encuentran diversas organizaciones representantes del sector de la fabricación, distribución e instalación de material eléctrico, que tras la aprobación de la ley de medidas de lucha contra la morosidad dieron ejemplo de compromiso en la lucha contra la pasividad en los abonos de las facturas y suscribieron un comunicado dando su palabra de que cumplirán estrictamente dicha norma "en los términos previstos para las operaciones comerciales". Además, las asociaciones firmantes (Adime, Fenie, Afme, Ferca, Facel y Anfalum) señalan su voluntad de personarse en nombre de sus asociados ante los órganos jurisdiccionales o administrativos exigiendo el cumplimiento de la ley.