Miércoles 22.04.2009
Hemeroteca web
|
RSS
![]() |
| Los conselleiros de Presidencia y de Facenda, Alfonso Rueda y Marta Fernández Currás, ayer a su llegada a la Comisión Bilateral FOTO: Gustavo Cuevas (Efe) |
Por si quedaban dudas, el Gobierno acabó de rematar ayer sus intenciones con respecto a la reformada Lei de Caixas por boca del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, que tendió a la Xunta una mano enfundada en el guante de "la más escrupulosa atención a la legalidad vigente".
Menos diplomática fue la interpretación del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que al finalizar la reunión de la comisión bilateral que se celebró en Madrid ofreció un resumen más tajante del encuentro que presidió el ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero, Manuel Chaves. "Hay una administración que quiere negociar y otra que no quiere en absoluto. Las dos partes han quedado perfectamente retratadas", zanjó. A pesar del jarro de agua fría que anuncia una época dura en las relaciones entre Xunta y Gobierno Zapatero, Rueda aún alberga alguna esperanza para que "el Gobierno central entre en razón y hable con la Xunta antes de presentar el recurso".
El conselleiro, que acudía a Madrid acompañado por la titular de Facenda, Marta Fernández Currás, con el encargo de frenar la espada de Damocles del recurso de inconstitucionalidad que puede dar al traste con el calendario de la fusión de las cajas gallegas, abandonó el Ministerio con las manos vacías y el mal agüero de la respuesta del vicepresidente Chaves de que "no hay voluntad negociadora" ni mucho menos "intención de cooperar en absoluto", según recoge Europa Press.
Política preventiva
Al termino de la reunión, fue el secretario de Estado de Cooperación el encargado de expresar el malestar del Ejecutivo de Madrid por la falta de "un diálogo previo" que ha "complicado" las relaciones que, desde su punto de vista deberían haberse producido antes de que la ley entrase en vigor. Zarrías aclaró que el recurso se planteará si el texto aprobado en Galicia "no conviene a derecho" pero que en todo caso la suspensión cautelar de la norma no impedirá que las dos partes en conflicto puedan sentarse a dialogar.
A la espera de que el próximo viernes se conozca el resultado del informe del Consejo de Estado sobre la oportunidad de la reforma de la Lei de Caixas galega, la Xunta ha comenzado a poner en práctica la política preventiva con el fin de adelantarse a un posible recurso que tiraría por la borda todas las puntadas que se han dado para provocar la fusión de Caixanova y Caixagalicia. Antes de reunirse con el vicepresidente Manuel Chaves para pedirle explicaciones, aprovechando la celebración de la comisión bilateral, el conselleiro de Presidencia dejaba en una entrevista a la Radio Galega un nuevo mensaje para evidenciar el malestar que ha provocado la "ocultación deliberada" de las razones que han llevado al Ejecutivo Zapatero a emprender la cruzada.
Antes de toparse con el muro de Chaves, Rueda ya interpretó que la presentación del recurso contiene una "intencionalidad política clarísima" para conseguir que Galicia "se quede sin cajas y desaparezca del mapa financiero español".
"Castigo a Galicia y escándalo"
A pesar de los intentos reiterados por parte de la Xunta para obtener información sobre el contenido de las pegas del Ejecutivo a la ley gallega hasta ahora no ha habido comunicación oficial al respecto entre ambas administraciones. Alfonso Rueda se encargó ayer a primera hora de la mañana de denunciar el "ocultismo" tras el que cree que se esconde el objetivo de paralizar el desarrollo de la ley gallega y que Galicia no pueda llegar a tiempo para acogerse a los fondos del FROB. El conselleiro advirtió que de cumplirse esa previsión sería "un escándalo político de grandes dimensiones y un castigo a Galicia".
Una norma simétrica de la Lorca
·· La Xunta abrió ayer el paraguas antes de que arrecie para cumplir con el dicho de que el mejor ataque es una buena defensa. Y con esas armas se encara al Ejecutivo de Zapatero para intentar convencerlo de que la normativa gallega "es simétrica a la Lorca" en los casos de fusión, al exigir la mayoría simple para la fusión".
Límites a la discrecionalidad
·· Frente a las acusaciones de un excesivo intervencionismo por parte del Gobierno autonómico, la Xunta se defiende diciendo que "ante una potencial autorización" de un SIP para alguna de las cajas gallegas se limita la discrecionalidad de la Administración para posibles causas de denegación.
Consenso sobre el SIP con BNG y PSOE
·· Otro de los argumentos a los que ha recurrido el Gobierno de Feijóo para adelantarse al frenazo de la suspensión cautelar se refiere a que el artículo en el que se aborda la autorización de los SIP contó con la aprobación de los dos grupos de la oposición que transaccionaron y estuvieron de acuerdo con la redacción final.
Trabajo extra en Asesoría Jurídica
·· Los servicios jurídicos de la Xunta se han puesto mano a la obra y analizan "todos los puntos" de la Lei de Caixas que pudieran ser susceptibles de un recurso por parte del Gobierno central. Hasta ahora la única información con la que cuentan es la que les ha facilitado el Consejo de Estado .
