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CSIF pide contratos dignos y un estatuto para los investigadores en formación

Según el sindicato, el objetivo es acabar con la precariedad de este colectivo que engloba a unos 10.000 jóvenes

MADRID. EFE  | 14.03.2018 
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El sindicato CSIF ha exigido hoy al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados y apruebe un Estatuto que regule las condiciones de trabajo del personal investigador en formación para acabar con la precariedad de este colectivo que engloba a unos 10.000 jóvenes.

En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios -mayoritaria en las administraciones públicas- recuerda que hace un año, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción que fue respaldada por todos los grupos y que instaba al Gobierno a regular las condiciones de acceso, trabajo y carrera profesional de los investigadores en formación.

El sindicato recuerda que estos 10.000 jóvenes trabajan desarrollando su tesis doctoral en universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI) con contratos con una duración máxima de cuatro años, una jornada laboral de 37 horas semanales y un sueldo por debajo de los 900 euros brutos mensuales.

Sin embargo, estos investigadores no perciben los incrementos salariales que se aplican al resto de empleados públicos, ni cobran complementos por las horas de docencia que asumen después de superar un concurso público de méritos.

De hecho, denuncia CSIF, "las universidades abusan de estos jóvenes investigadores para cubrir horas de docencia y por tanto la falta de personal en las aulas".

Hace más de un año, el Gobierno ya penalizó a este colectivo, restringiéndole derechos como el acceso a la tarjeta sanitaria europea o la indemnización por finalización del contrato, sin previo aviso y con carácter retroactivo, recuerda el comunicado sindical.

Actualmente, CSIF forma parte de las negociaciones del nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación con el Ministerio de Economía.

Para CSIF, el Estatuto debería recoger la creación de un código específico que dé a los investigadores rango de trabajadores y no becarios a efectos de Seguridad Social, recuperar la indemnización por finalización de contratos, lograr la equiparación salarial entre convocatorias, y fijar un límite a las horas de docencia para evitar abusos laborales y que se desvirtúe el objeto de los contratos, que es la realización de tareas de investigación.