Autorizaciones ambientales para todos

La AAI es una herramienta de control y regulación medio ambiental de las empresas o instituciones que desarrollan una actividad industrial. Regula aspectos como las emisiones, protección de suelos y aguas, gestión de residuos o condiciones de explotación que pudieran afectar en el futuro al medio ambiente. El organismo responsable de su gestión y concesión (por un plazo de ocho años, al cabo de los cuales debe renovarse) es la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Este departamento de la Consellería de Medio Ambiente es, durante los últimos meses, el mejor “cliente”del Diario Oficial de Galicia, donde cada día podemos ver publicadas resoluciones por lasque se conceden estas Autorizaciones a empresas o instituciones, sometidas a esta iniciativa europea de control.

Visto en perspectiva, no parece que esta iniciativa vaya a aportar nada nuevo ni una mejora sustancial. Las autorizaciones se expiden y aprueban de forma casi automática, sin verificar en profundidad la situación de las empresas autorizadas ni tener en cuenta si cumplen (o han incumplido de forma reiterada) la normativa ambiental. Para muestra un botón: la aceitera Bunge, ubicada en la parte alta de la Ría de O Burgo, recibía ayer mismo este “pasaporte” tras decenios contaminando con vertidos sin depurar lasa guas al lado de las que se levantan sus chimeneas y depósitos, recibiendo decenas de ridículas sanciones económicas, muchas de las cuales no se han pagado aprovechando cambios de nombre o razón social, o recibiendo apercibimientos de cierre que nunca se han cumplido. 44 años siendo, junto a los vertidos de fecales, el principal motivo del deterioro de una ría, hoy prácticamente muerta.

Y después de las Autorizaciones Ambientales Integradas ¿qué nos espera? Mucho me temo que nada. La idea es buena (disponer de un documento elaborado por la propia empresa y aprobado por la administración que sirva para conocer su estado, inspeccionarla y controlarla, sancionarla si no cumple y, en caso grave, retirarle la Autorización, con lo que estaría obligada a cerrar sus instalaciones) pero la realidad nos habla de falta de equipos de inspección y herramientas de control y verificación.

En ocho años, cuando toque renovar este “pasaporte”, mucho me temo que todo seguirá igual: la Consellería sin los medios para controlar y sancionar, algunas empresas contaminando y la burocracia amontonando papeles.