BENITO GARCÍA - SANTIAGO
Palabras que no se corresponden con los hechos y cuyas contradicciones saltan a la vista en situaciones como el proceso de concesión de las Autorizaciones Ambientales Integradas a las empresas o actividades industriales gallegas.
Estas autorizaciones son consecuencia de la entrada en vigor de una directiva comunitaria sobre prevención y control de la contaminación y su trasposición normativa al territorio nacional. Mediante la AAI, la administración fija a cada empresa los valores límite de emisión, determina las actuaciones y procedimientos que garanticen la protección del suelo y las aguas, establece los procedimientos para gestión de los residuos generados y establece las condiciones ambientales de explotación. A pesar de que la norma europea es de aplicación desde su trasposición en 2002 hubo de ampliarse el plazo de tramitación (el inicial finalizó en julio de 2007) y su concesión es por 8 años.
La “avalancha” de solicitudes de Autorización Ambiental Integrada está sirviendo para que muchas empresas “cuelen”, en las solicitudes de autorización, actividades que no se corresponden con la situación real de la empresa,
abriendo una puerta a actuaciones hasta ahora formalmente no consentidas. Un claro ejemplo son las AAI que se están tramitando a algunos vertederos de tierras que, aprovechando este trámite administrativo obligatorio, incluyen
en sus proyectos el depósito de residuos de construcción y demolición (cuando no industriales) sin que sus instalaciones cuenten con plantas de separación, reciclaje y valorización ni estén debidamente aisladas del suelo para
evitar la filtración a los acuíferos de los elementos contaminantes que se encuentran en este tipo de residuos (lacas, baterías, aparatos electrónicos…).
En el tiempo coinciden además una serie de hechos contradictorios, que harían pensar mal al más confiado: se sigue demorando la aprobación del nuevo Plan de Gestión de Residuos de Construcción, Demolición e Industriales
(que debe regular el funcionamiento de este tipo de instalaciones), el Conselleiro hacía unas declaraciones genéricas en Ourense dando a entender que el enterramiento sin reciclaje será posible (mediante la creación de una red de vertederos para tierras, piedras y escombros), se tramita la concesión de licencias de apertura de nuevos vertederos a pesar de las dudas de su legalidad (la normativa urbanística establece la imposibilidad de nuevas instalaciones industriales en suelo rústico), y silencios… muchos silencios (entre ellos los de las organizaciones ecologistas gallegas a las que el asunto parece importar poco).
Por el contrario y muy acertadamente, a las demás actividades industriales se les está mirando con lupa la documentación que deben presentar sobre emisiones contaminantes, proyecto de actividades, informe urbanístico, solicitud de vertidos o informe de riesgos.
¿Es una apuesta por el café para todos en materia ambiental?