Comarcalización de la gestión de residuos

Para situar la cuestión debe recordarse que la recogida, transporte y tratamiento de voluminosos (como en el caso de los industriales) era un servicio que venía prestándose de forma “alegal”. La “colmatación” del vertedero de Cerceda hizo que la gestora de residuos hiciese efectiva la decisión de cortar el grifo a los Concellos, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo y, en primera instancia, nunca haber permitido. Estaba fuera de sus competencias. Sólo los casi cincuenta Euros por tonelada recogida justificaba esta “permisividad”. Aplicada la norma y la lógica, desde el 1 de septiembre los entes municipales deben afrontar una factura de casi 150 € por tonelada para su gestión en la planta de tratamiento de la empresa CESPA, gastos de trasporte aparte...

Cosas de los “derechos adquiridos” y a través de la FEGAMP, los Concellos se movilizaron hasta conseguir un principio de acuerdo por el que la Xunta financiará una parte de ese diferencial (se dice que rondará el 50%), siempre que cada municipio actualice los pagos a SOGAMA (la deuda actual es millonaria).

Así las cosas, se abren ahora sólo dos vías: que se saque un concurso para su gestión (la pública TRAGSA sería el “gestor” mediante una adjudicación de contrata) o que cada Concello acuerde con una empresa autorizada el servicio; para financiarlo dispondría del dinero que antes destinaba al mismo fin, la subvención de la Xunta y un diferencial que debería asumir (igual que en el caso anterior). En esta situación existen ya propuestas de los gestores autorizados gallegos que rondan los 160 €, transporte y tratamiento incluido.

La Ley es clara: son los Concellos los responsables de la prestación del servicio y de garantizar su adecuada gestión, muchos de ellos siguen incumpliendo la norma (una decena ni siquiera llevan sus residuos, tanto urbanos como industriales y voluminosos, a una planta de reciclaje y los entierran en canteras o vertederos). Bueno sería que la FEGAMP, además de pensar en costes, pensara también en el medio ambiente y en el cumplimiento de la legislación en la materia: residuos urbanos (mejorar la separación para ahorrar costes de tratamiento), industriales (exigir a las empresas la gestión al margen de los contenedores), construcción y demolición (exigiendo las garantías a promotores del reciclaje de los restos de demolición), enseres y voluminosos (haciendo un uso efectivo y eficaz de los “servicios de recogida a domicilio” y Puntos Limpios). La unión abarata costes (que se lo pregunten a los catalanes y su comarcalización de la gestión de residuos). Sólo la agrupación por comarcas,
o incluso de varias, les permitirá hacer frente a una gestión eficaz y no onerosa para el ciudadano que al final, vía tasa de basuras o vía subvenciones, acaba siendo el “pagador”.