La luz y su precio político

Mientras, las energías renovables cuentan en la actualidad con fuertes primas a la producción y los últimos análisis apuntan a que el conjunto de renovables no podrá superar el 50 % del total de la demanda eléctrica en el año 2030, según datos del Ministerio de Industrias hechos públicos la semana pasada. En paralelo las fuentes térmicas (carbón) e hidráulica (embalses) tocan techo. Y para cerrar el círculo el gobierno español (los del resto de Europa hacen lo contrario) anuncia el cierre de las centrales nucleares a medida que llegan al fin de su vida útil…

Los “titulares” citados se contraponen con otros que manifiestan una dura realidad: la demanda de energía eléctrica no deja de crecer, la reducción y encarecimiento de combustibles fósiles significará un incremento todavía mayor, el “precio político” tiene los años contados, la dependencia energética de Francia podría ser una realidad en pocos años, buena parte de los países europeos apuestan por la combinación de fuentes potenciando las renovables pero sin excluir la nuclear.

Respecto a este tipo de energía España sigue sin entrar de lleno (es más se hace todo lo posible por evitarlo) en el debate sereno y científicamente avalado de las consecuencias de mantener unas centrales obsoletas y el anuncio de su cierre progresivo. Al tiempo que se anuncian estos cierres siguen sin plantearse alternativas “serias” sobre como generar, no sólo la nuclear no producida sino además las previsibles bajadas de producción de la hidráulica, como consecuencia de la sequía, o la reducción de la térmica como consecuencia del encarecimiento del carbón y el agotamiento de sus yacimientos (eso sin citar sus ya injustificablemente altas emisiones de CO2, tanto en emisión directa como por trasporte de carbón importado por barco y carretera, una vez agotados los yacimientos españoles).

La realidad actual es que, para evitar tensiones electorales o sociales, el gobierno del estado viene hurtando a la sociedad española el debate sobre el futuro energético de nuestro país y sobre la realidad de fuentes como la discutida nuclear o la dudosamente ecológica de los agro carburantes. El debate se limita a, cada vez que alguien habla de estas cuestiones, realizar una declaración pública de la Ministra de Medio Ambiente o del

Presidente “aceptable” por esa parte más “verde” de su masa electoral, que a la vez sirve para retrasar la apertura de un debate serio, sobre todo sobre la energía nuclear. ¿Qué ocurrirá cuando, por obligación legal, se ponga fin al precio político de la electricidad y a las subvenciones a las renovables?

Los españoles tienen derecho a saber, con argumentos científicos no políticos, el futuro energético que nos espera. Es eso… o ir a rebufo del resto de Europa; claro que en este caso tenemos experiencia (¿será como lo de OTAN NO? )