BENITO GARCÍA - SANTIAGO
La cuestión viene de viejo y no es momento ahora de cargar tintas sobre los actuales gestores ambientales, aunque sí es conveniente pedirles mesura en sus manifestaciones grandilocuentes (como decir que a finales de año rías como la de O Burgo no tendrán vertidos de importancia) y agilidad en las soluciones propuestas (como la asunción de la gestión de las depuradoras de residuales inactivas o ineficientes).
Dos aspectos principalmente han marcado la situación de contaminación actual: la falta de depuración adecuada y la utilización de estos cauces como el “cubo de la basura” de empresas y particulares ribereños durante décadas.
Las pequeñas rías o la parte alta de las grandes (zonas de estrechamiento donde todavía se deja sentir la influencia de las mareas) son las que sufren la peor situación tras décadas de vertidos industriales y de las viviendas del entorno sin depuración alguna.
La situación, lejos de sensibilizar a sus gestores (alcaldes) se tradujo durante años en una total permisividad y falta de control sobre las nuevas construcciones y la falta de conducciones adecuadas de aguas residuales a depuradora y, para cerrar el ciclo de la irresponsabilidad, se fomentó con subvenciones la construcción de depuradoras sin los recursos necesarios para su mantenimiento y sin tener en cuenta las perspectivas de crecimiento de muchos municipios. Como resultado, estas depuradoras “se quedaron pequeñas”, rebosando los detritus cada vez que caen cuatro gotas de lluvia o están inactivas porque muchos ayuntamiento carecen de la capacidad financiera para hacer frente a los gastos de gestión y personal.
Rías en situación “crítica”, desde un punto de vista ambiental, lo son casi todas aunque algunos tramos son todo un monumento a esa actitud de ver a los cauces de agua como vertederos. La de O Burgo no es un caso aislado, pero sí una síntesis de lo antes descrito: durante años registro el vertido directo de unas docenas de casas ubicadas en sus riberas, con la “explosión demográfica” de los 70 y 80 se crearon urbanizaciones en las que la falta de separación de pluviales y residuales era una constante, todo ello en un espacio que había sufrido los vertidos tóxicos de una empresa química y una aceitera que, periódicamente, sigue provocando vertidos. Súmese a ello las toneladas de residuos de todo tipo arrojados a sus fondos durante años y tendrán como resultado una ría en la que ni sus mariscos son aptos para el consumo humano. La Xunta y el Gobierno central son responsables de la vigilancia y sanción pero los alcaldes de Culleredo, Cambre y Oleiros (que por cierto, llevan años en el poder) no tienen derecho alguno a jugar el papel de víctimas y sufridores, reclamando responsabilidades ajenas. Durante años han permitido, por inacción, la existencia de decenas de puntos de vertido y de uso fraudulento de las redes de pluviales para evacuar aguas residuales.