La CE abre un segundo expediente a España por la financiación de RTVE

La Comisión Europea (CE) ha decidido enviar a España una solicitud oficial de información acerca de la nueva aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad de pago en Radiotelevisión Española (RTVE). "A la CE le preocupa que esta tasa administrativa basada en los ingresos facturados por los operadores pueda ser incompatible con el derecho de la UE, porque no parece estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", afirma un comunicado publicado hoy.
  
Se trata del segundo expediente abierto por el Ejecutivo de la UE a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público. El primero, iniciado el 2 de diciembre pasado bajo las normas de competencia, investiga si la financiación constituye una ayuda de Estado incompatible con los tratados. El segundo, anunciado hoy, consiste en un procedimiento por supuesta infracción de la legislación europea sobre telecomunicaciones y España dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas.
  
Según explicó el portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones "parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.
  
En un comunicado, la comisaria europea Neelie Kroes afirma que esta aportación podría "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
  
La ley de financiación de RTVE, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, impone a los operadores de telecomunicaciones -salvo algunas excepciones- una tasa del 0,9 por ciento de los ingresos brutos que facturen para compensar las pérdidas por la eliminación de la publicidad en los canales públicos.
  
Bruselas ha expresado hoy sus dudas sobre ese impuesto y ha recordado que las normas europeas establecen que las tasas cobradas a los operadores sólo pueden sufragar "determinados costes administrativos y de reglamentación" y deben ser "objetivas, transparentes y proporcionadas". "La legislación española sobre la financiación de RTVE y, en especial, la aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones no parecen ajustarse a estas disposiciones", señala la Comisión en su comunicado.
  
En enero de este año, Bruselas ya abrió un procedimiento similar contra Francia, país que también ha eliminado la publicidad de la televisión pública. El Gobierno español ha defendido en todo momento que el modelo de financiación de RTVE se atiene a la normativa europea y a finales del pasado año mantuvo encuentros con la Comisión para explicar en profundidad sus detalles.