Martes 17.06.2008
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| La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, atiende a los medios tras conocerse el fallo del Supremo FOTO: José Huesca (Efe) |
El Tribunal Supremo rechazó ayer el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, según fuentes del Alto Tribunal.
Así lo acordó por 22 votos a favor y 7 en contra el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que considera que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres.
En los casos analizados "no existe" el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", según el fallo.
El pleno examinó cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía.
Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta se lo reconocía a unos padres.
La sala estuvo deliberando sobre esta cuestión durante unas veinte horas distribuidas en tres jornadas desde el lunes pasado.
Según explicaron a Efe fuentes del Alto Tribunal, los magistrados estimaron el recurso de la Junta de Andalucía y desestimaron parcialmente el de los padres a la de Asturias.
Las fuentes añadieron que la sentencia abordará cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura para evitar "el adoctrinamiento" de los niños.
Asimismo, la redacción de la sentencia tardará alrededor de un mes y constará de siete votos particulares o uno conjunto de los siete magistrados.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, hizo ayer un llamamiento a todas las administraciones educativas para que actúen de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo.
"Si no cabe la objeción, hay obligación de asistir a clase", subrayó en rueda de prensa en alusión, aunque sin nombrarlas, a las comunidades gobernadas por el PP que amparan a los objetores, a las que pidió "reflexionar y sacar consecuencias".
El Ministerio hará todo lo que esté en su mano para que los alumnos objetores puedan "recuperar el tiempo" que hayan podido perder y se puedan incorporar a la asignatura.
Matizó que no se estaba refiriendo a una recuperación exactamente de clases, sino que se tomarán las decisiones pertinentes para que los muchachos puedan "ponerse al día" y "aprobar" la asignatura atendiendo a la situación particular de cada uno. "Las administraciones sabrán hacerlo", apostilló.
Cabrera pidió a los padres objetores que "atiendan" a este fallo judicial, que es "muy claro", y los invitó a "pasar página" y a entender el valor de los contenidos de la asignatura. La ministra reiteró que queda "absolutamente claro" que "no cabe la objeción" y la asignatura es como todas las demás, obligatoria en la Ley Orgánica de Educación.
Ninguna administración puede dejar de cumplir las leyes, añadió, así que espera que la sentencia del Supremo tenga consecuencias. Aseguró además que el fallo indica que los decretos estudiados por el tribunal no suponen un atentado contra los derechos de los padres y "unifica" la doctrina jurídica.
Recurrirán al Constitucional y Estrasburgo
"La batalla judicial será larga". Tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, las organizaciones que defienden la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía anunciaron ayer su voluntad de recurrir ante el Tribunal Constitucional en recurso de amparo y solicitar la suspensión cautelar del fallo del TS. De no obtener un pronunciamiento satisfactorio, acudirían ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, si es necesario, ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"Reafirmamos la voluntad de los padres de seguir adelante, con todas las medidas legítimas al alcance que existan", dijo Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Etica, en una conferencia de prensa conjunta con los representantes del Foro Español de la Familia, Profesionales por la Ética, Hazteoir.org, CECE, Cofapa, Concapa y Universidad San Pablo CEU. Los objetores aseguraron que, a falta de conocer la sentencia al completo, parece ser que estará "llena de matices" y que "aunque puede cerrar algunas puertas, es muy probable que abra otras".
De este modo, citando fuentes próximas al proceso, las organizaciones sostienen que sería posible que el Supremo recomendara al Ejecutivo que procediera a depurar los contenidos de la asignatura. Urcelay aseguró que si el Gobierno aceptara consensuar los contenidos de la materia, se retirarían los recursos.
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, remarcó que el fallo del Supremo sólo afecta a las cuatro familias recurrentes (una de Andalucía y tres de Asturias), pero recordó que hay otras 50.000 familias objetoras, de las que casi 2.000 tienen pendientes recursos judiciales en diferentes instancias -varias decenas en el Supremo- o ante las administraciones educativas de sus correspondientes CCAA .
El PSdeG espera que no haya más excusas
La secretaria de Liberdades Públicas e Dereito Cidadá del PSdeG-PSOE, Beatriz Sestayo, expresó su satisfacción, y pidió al PP que "non busque novas escusas" para incumplir la ley. Indicó que el PP, "sorpresivamente" se oponía alegando una objeción de conciencia que no está prevista legalmente.
Debe ser neutral en lo ético, según Feijóo
El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que lo "importante" de la sentencia es que establece que los libros de texto deben ser neutrales ética, política y moralmente. Afirmó que respeta el fallo, y subrayó que "su elaboración ha sido difícil, por lo que es necesario leer el alcance".
El BNG celebra la decisión adoptada
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, se congratuló de la decisión del Supremo ya que, a su juicio, los recurrentes querían aplicar a todo el mundo su modelo educativo moral y religioso. Explicó que su partido viene defendiendo desde siempre "un modelo de enseñanza laica".
El Vaticano se muestra preocupado
El cardenal prefecto de la Congregación Pontificia para la Educación Católica del Vaticano, Zenon Grocholewski, mostró su preocupación. En declaraciones a Europa Press, dijo que "se trata de un derecho fundamental de los padres el que puedan educar a sus hijos con sus convencimientos" .
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