El cardenal Antonio María Rouco Varela, izda., junto a monseñor Ricardo Blázquez, ayer en Salamanca FOTO: J.M.García

PSOE y ERC discreparon ayer sobre si sólo los colegios públicos o también los privados se verían afectados por la petición que el miércoles aprobó el Congreso, con el apoyo de estos partidos, para instar al Gobierno a la retirada de símbolos religiosos de los centros educativos.

El PP y varias organizaciones educativas opinaron que la propuesta es un intento del propio Gobierno de dividir y distraer a la sociedad, FERE-CECA (Escuelas Católicas) entiende que sería bastante complicado o imposible poder obligar legalmente a los centros confesionales a retirar los crucifijos y advierte de que lo va a recurrir.

El promotor de la iniciativa original, el diputado de ERC Joan Tardá consideró que los miembros de la Comisión de Educación que votaron la propuesta eran "muy conscientes" de que se hablaba "de todos los centros", no sólo los públicos.

Sin embargo, el parlamentario socialista ponente en la comisión, Luis Tomás, no quiso anticipar si será de aplicación también a los privados concertados, aunque en principio entiende que por ahora afecta únicamente a los públicos.

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta, recalcó que la medida afecta sólo al ámbito público, ya que los privados tienen derecho a transmitir la simbología de su confesión si así lo quieren.

Gaspar Llamazares, diputado de IU, también insistió en que lo que se plantea es retirar los crucifijos de las escuelas públicas.

Inicialmente, ERC había registrado una proposición para la supresión de simbología religiosa de los centros "públicos" de acuerdo con un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un caso italiano.

ERC aceptó una enmienda transaccional del PSOE para que el Gobierno traslade la jurisprudencia de ese tribunal sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión desde el principio de neutralidad ideológica del Estado y, especialmente, "en lo relativo a los centros escolares".

En el Gobierno, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, entendió la iniciativa parlamentaria como una petición para que se agilice una reforma de la ley de libertad religiosa que tenga en cuenta la situación social actual y la pluralidad de acuerdo con la Constitución.