Martes 17.06.2008
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La fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, considera que la retirada de denuncias por parte de las víctimas es el gran problema con el que se enfrentan los fiscales a la hora de afrontar un proceso, ya que se quedan "sin pruebas en numerosas ocasiones".
"Mientras que una víctima que no es de violencia de género huye ante el agresor o delincuente, nuestra víctima baja la guardia, siempre tiene una esperanza de que a ella no le va a pasar nada y el agresor la conoce perfectamente", explica Cazorla, en una entrevista a Efe, y opina que hay "que comprender por qué retiran las denuncias, pero a los fiscales nos hacen mucho daño".
Partidaria de que los juristas conozcan este fenómeno, Cazorla subraya que las víctimas se "echan atrás" porque "estamos hablando de que la persona que te ataca es una persona con la que estás o has estado unida por una relación afectiva, y siempre estás mediatizado por esa relación", en la que puede haber hijos en común y también una dependencia económica.
Más del treinta por ciento de la retirada de las acusaciones se produjeron porque las mujeres maltratadas no quisieron declarar en contra de sus maridos, tal y como permite hacer la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Si el acusado no tiene por qué declarar contra sí mismo y el testigo principal -la mujer- no declara, nos quedamos sin pruebas", señala, y opina que el artículo es "un obstáculo" porque "la persona que está sometida a un delito público no tiene por qué ampararse en esa dispensa, no estaba hecha para ello".
Al margen de estas situaciones, la delegada especial destaca el hecho de que hayan aumentado las denuncias por maltrato.
"Eso ya es un logro porque estamos hablando de un fenómeno que no salía de las cuatro paredes de la casa", y con las denuncias, afirma Cazorla, "ponemos nombre y apellido a las víctimas para atajar el problema".
En este sentido, apuesta por "insistir en el camino de la denuncia porque conlleva un rechazo total del maltratador".
Satisfecha con la Ley de Violencia de Género, considera es algo más que "un traje de noche" o una ley pionera, aunque ve necesario seguir dando pasos.
Piden tramitar como delito la agresión de un juez
La Fiscalía de Sevilla ha presentado un recurso para que se instruya como un presunto delito, y no una simple falta, la denuncia contra un juez por presunto maltrato físico y psíquico a su compañera sentimental, lo que puede implicar una condena de hasta tres años de cárcel.
Fuentes del caso dijeron a Efe que la Fiscalía ha recurrido la decisión del juzgado de Violencia de Género número 1 de tramitar el caso como una falta de vejaciones leves, con una condena aparejada de multa, para lo que se basó en los antecedentes psíquicos de la denunciante previos a la relación.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular han recurrido esta decisión tras la presentación de tres nuevos informes médicos que certifican la presunta existencia de maltrato físico y psíquico prolongado durante varios años, así como de una relación de "dominación absoluta", según las fuentes.
Trastorno depresivo
Como consecuencia, la mujer sufre un "trastorno depresivo mayor y síndrome de estrés postraumático" que permitirían calificar los hechos como un delito de violencia de género, con una pena de entre seis meses y tres años de cárcel.
El juez, titular de un juzgado de primera instancia de Sevilla, fue denunciado en septiembre del pasado año por el presunto maltrato físico y psíquico a una mujer con la que mantuvo una relación sentimental durante tres años, y que era funcionaria de otro juzgado de la ciudad.
El imputado, en su declaración judicial, negó todos los hechos y el juzgado de Violencia de Género tramitó inicialmente el caso como una presunta falta leve, con una pena aparejada de multa y que sería calificada por el fiscal en el momento de celebrar el juicio de faltas. Para ello, el juzgado se basó en la presunta personalidad frágil de la denunciante, y consideró más verosímil el testimonio del denunciando y de un testigo, compañero de trabajo de la mujer.
Sin embargo, a la vista de los informes médicos presentados por la acusación particular, la Fiscalía de Sevilla ha recurrido para que el caso sea tramitado como un presunto delito del artículo 173 el Código Penal de violencia de género habitual.
La mujer denunció presuntas agresiones físicas puntuales y el envío de cincuenta mensajes vejatorios a su móvil .
