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CUENTA ATRÁS PARA UNA NUEVA COSTA

El PPdeG se desmarca de la polémica ley del litoral

La conselleira de Política Territorial asegura que la nueva norma, que inició su tramitación parlamentaria, defiende los "intereses de todos los gallegos, y no los de algunos particulares" // Los populares alertan de que paralizará el desarrollo de Galicia entre 6 y 10 años y lesionará al sector de la construcción

M. NOGUEIRA/D.DOMÍNGUEZ • SANTIAGO  | 14.03.2007 
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La suma de los votos del PSdeG y del BNG sirvieron ayer para rechazar la enmienda de devolución presentada por los populares al proyecto de lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e protección do litoral, que superó así su primer trámite en el Parlamento de Galicia, del que saldrá aprobada en un plazo de mes y medio.

Será tras su entrada en vigor, -previsiblemente antes de las próximas elecciones municipales del 27 de mayo- cuando quedarán suspendidas cautelarmente todas las licencias de obras en suelo urbanizable en una franja de 500 metros del mar, por un plazo no superior a dos años y mientras los concellos no adapten sus planes urbanísticos a la Lei do Solo o no entre en vigor el futuro Plan do Litoral, que elaborará Política Territorial.

Precisamente la titular de este departamento, en su defensa del texto ante el Pleno, quiso enviar un mensaje de tranquilidad insistiendo en que la suspensión "sólo afectará al trece por ciento del suelo urbanizable de los municipios costeros y al uno por ciento del conjunto del de Galicia".

Según explicó Caride, esta ley, lejos de paralizar la economía gallega, lo que hará será impulsar el desarrollo sostenible y "pondrá en valor la costa", que es, a juicio de la conselleira, "nuestra mayor carta de presentación". En este sentido, puso como ejemplo los resultados económicos "tremendamente positivos" de medidas similares adoptadas por otras autonomías como Asturias, Cantabria, Cataluña o País Vasco, frente a zonas como en el Mediterráneo donde "ahora las inversiones huyen a otros sitios".

Estas medidas defienden "los intereses de todos los gallegos y no los de algunos particulares de Galicia y de fuera de Galicia", insistió la conselleira.

Visión contrapuesta

En contraste con la visión de Caride, la oposición auguró que estas medidas urgentes llevarán implícitas una "parálisis real, que durará entre seis y diez años," para la actividad urbanística de los 87 concellos costeros de Galicia, de forma que "lesionará de gravedad el sector de la construcción", que emplea a 130.000 personas y genera un negocio anual de 6.500 millones de euros. Asimismo, el PPdeG destacó que esta ley tendrá "efectos negativos sobre la economía y el empleo en el conjunto de la comunidad". Otros sectores "como la hostelería, el turismo y el comercio" se verán perjudicados también por "un efecto de arrastre" de esta ley, según apuntó la portavoz de urbanismo del PPdeG, Pilar Rojo.

En este contexto, Rojo reiteró que esta normativa "retrasa" la elaboración del Plan de Ordenación do Litoral "dos años más" y recalcó que si la Xunta considera "urgente" adoptar medidas para la ordenar el territorio debería "dejarse de paripés" y tramitar "por la vía de urgencia" el citado plan, con soluciones adaptadas a las peculiaridades de cada uno de los 87 concellos costeros. Para ello, la portavoz ofreció el "consenso" de los populares.

ESCÁNDALOS URBANÍSTICOS

Rentabilidad e interés electoral

Los escándalos urbanísticos que han trascendido en los últimos meses tuvieron gran protagonismo durante el debate de la lei de medidas urxentes de ordenación do territorio e protección do litoral.

La portavoz popular fue muy crítica con la gestión de la conselleira y calificó de "bochornosa la utilización política que está haciendo del urbanismo", pues Pilar Rojo consideró que con estas medidas el Gobierno gallego "busca rentabilidad electoral y no el interés de Galicia". Las mismas acusaciones fueron vertidas a la inversa, por parte de la conselleira hacia la oposición.

El diputado socialista Abel Losada aludió a los escándalos preguntando al PPdeG si su modelo urbanístico es el de Arteixo, donde el alcalde popular admitió que votó en favor de licencias para empresas suyas, o Gondomar, donde dos concejales fueron pillados in fraganti recibiendo un supuesto pago por trato de favor a una constructora.

La réplica de Rojo no se hizo esperar y apuntó que ningún partido "puede dar lecciones" en materia de urbanismo, pero "su partido (PSdeG) menos que ninguno". Recordó el caso del concello de Foz, gobernado por los socialistas, donde, según el PPdeG, se han otorgado más licencias de construcción en un año que en las ciudades de A Coruña y Vigo juntas. Losada aludió a los "intereses partidarios y electorales" del PPdeG y Rojo recordó que la única condena en materia de urbanismo recayó sobre la alcaldesa socialista de Cabanas .

REACCIONES

Pilar Rojo Portavoz de Urbanismo del Grupo Popular

La oposición reiteró que la ley de medidas urgentes no es "ni sensata, ni transparente, ni objetiva", como destaca la Xunta y que, en palabras de Pilar Rojo se corresponde con una "ley pantalla", que busca más la "oportunidad política" que la "defensa del litoral" gallego. Con esta ley "intentan hacer lo que no hacen", dijo la portavoz popular a Caride.

 

Abel Losada Portavoz de Infraestructuras del Grupo Socialista

Losada señaló que esta ley trata de favorecer "el desarrollo sostenible" y colaborar con los concellos en la adaptación de sus planes urbanísticos, de forma que "no puede repetirse otro Sanxenxo", sentenció. Además, culpó al anterior Ejecutivo de la falta de planificación municipal debido a una "producción legislativa arbitraria, fruto de las ocurrencias de los conselleiros".

 

Carmen da Silva Portavoz de Urbanismo del Grupo del BNG

La portavoz nacionalista en esta materia afirmó que la lei de medidas urgentes de ordenación del territorio es "importante, necesaria y muy urgente" y manifestó "no entender" por qué "si todos los partidos entendemos la necesidad de proteger nuestras costas" se pide "que se devuelvan las leyes", recriminando la postura del PPdeG .