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pacto local

Los ayuntamientos ya no podrán evadir la inspección urbanística

Los concellos voluntariamente podrán delegar en la Axencia de Protección da Legalidade, cuyos estatutos aprobaron por unanimidad Xunta y Fegamp // Crespo pide que no se criminalice a la administración local

MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO   | 21.11.2006 
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Cris Tobío
María Jose Caride y Xosé Crespo estrechan sus manos tras la firma
FOTO: Cris Tobío

Los ayuntamientos ya no podrán ampararse en "la falta de medios" para no ejecutar en su amplitud la inspección urbanística dentro de su territorio. Así lo aseguró ayer el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo, tras ratificar, junto con la conselleira de Política Territorial, María José Caride, los estatutos por los que se regirá la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que además contaron con apoyo unánime.

Crespo puntualizó que "si hay vocación de hacer inspección urbanística" los concellos optarán por la "adhesión", ya que será voluntaria la delegación de estas funciones en la Axencia de Protección, como órgano supramunicipal y consorciado.

No obstante, el presidente de la Fegamp pidió "sensibilidad" hacia la administración local, ya que señaló que muchos ayuntamientos si no han hecho una mejor inspección hasta ahora era "por falta de medios y conocimientos técnicos", algo que ya "no se podrá decir".

Entre tanto, Crespo criticó que "se está criminalizando el mundo local", aludiendo a los casos de irregularidades urbanísticas, lo que a su juicio "no se puede hacer". "No es un modus operandi de la mayoría", subrayó, para a continuación lamentar que "a veces da esa sensación".

Tanto Crespo como Caride se felicitaron por este acuerdo, que permitirá la puesta en marcha de la agencia en el último trimestre del próximo año. Según Caride, el director del organismo será nombrado por Política Territorial y estará integrado por "profesionales de reconocido prestigio", que se encargarán de velar por el uso racional del suelo conforme a la legislación urbanística.

De esta forma, sus principales funciones serán la inspección, la adopción de medidas cautelares y la instrucción de expedientes de reposición de la legalidad y sancionadores. Además, tendrá potestad para requerir la anulación de licencias urbanísticas contrarias a la normativa.

La Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística actuará en base a las competencias propias de la Consellería y a la potestad delegada por parte de los ayuntamientos que decidan adherirse, previo acuerdo del pleno de sus corporaciones y la aprobación del Consello de la Xunta.

Planes municipales

Por otra parte, la conselleira de Política Territorial, preguntada sobre las críticas vertidas desde el PPdeG acerca de la paralización de varios planes generales de ayuntamientos gobernados por los populares, defendió "la ética" de su departamento y subrayó que "hay motivos objetivos" para suspender los planeamientos, aludiendo expresamente a Sada, Tui y Barreiros. En el caso de este último criticando además que "no está haciendo nada para adaptarse a la ley".

CASO BARREIROS

Tres mil licencias en el último año

El delegado de Política Territorial en Lugo, Daniel Núñez, calculó en tres mil las licencias concedidas el último año en Barreiros, al que la Xunta suspendió en materia urbanística. Negó persecución a los alcaldes del PPdeG, ya que se trata de que "todos" cumplan la ley.

Fuente: "Encarecerá aún más la vivienda"

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, atribuyó la suspensión de la normativa urbanística del Concello al "acoso" del Gobierno a ediles del PPdeG. Advierte de que limitar la posibilidad de aumentar la construcción supondrá "encarecer aún más la vivienda" .