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medidas urgentes

Touriño no cederá a la presión de los intereses privados en urbanismo

Advierte de que la Xunta "no va a doblar el espinazo" y promete "firmeza" en la defensa de la legalidad // Afirma que acabará la "política de hechos consumados" // Acusa al PP de buscar "rentabilidad política"

M. NOGUEIRA Y J.C. BASTOS • SANTIAGO Y VIGO   | 22.02.2007 
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Antonio Hernández
Touriño y María José Caride, ayer, en Monte Pío, durante un desayuno celebrado con periodistas
FOTO: Antonio Hernández

Sólo veinticuatro horas después de que la conselleira de Política Territorial, María José Caride, advirtiera a los promotores inmobiliarios de la provincia de Pontevedra que sus "presiones e intimidación" no tendrían efecto alguno para la aprobación del Plan de Ordenación Municipal de Vigo, el presidente de la Xunta reiteraba ayer este mensaje, e incluso lo endurecía.

Touriño, acompañado por la propia Caride, en un desayuno ofrecido a los periodistas en su residencia oficial de Monte Pío, afirmó que el Gobierno gallego "no va a doblar el espinazo" ante los intereses privados que se mueven en el urbanismo. Ante el órdago lanzado por una parte del sector, que amenaza con acudir a los tribunales, el jefe del Ejecutivo gallego quiso hacer públicos varios "mensajes".

Así, garantizó "firmeza" para "terminar con el todo vale" en la ordenación del territorio, y aseguró que su Gobierno velará "por la primacía" del interés general frente al particular, "legítimo a veces, no en otras ocasiones". Insistió en que la Xunta no cederá "por mucha presión de parte que se meta" y seguirá "firme" en la defensa de la legalidad.

Con la Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral -en tramitación parlamentaria-, y el plan integral do litoral y las directrices de ordenación do territorio -que se aprobarán en el segundo semestre de este año-, Touriño prometió también "acabar con la política de hechos consumados" a nivel urbanístico. En este sentido, explicó que "violar la norma en la seguridad de que ante ese hecho consumado no hay más que legalizar la aberración no es propio de un país civilizado".

Seguridad para todos

El presidente de la Xunta también señaló la necesidad "de garantizar la seguridad jurídica" de ciudadanos, empresarios y ciudades, para que se sepa "qué se puede hacer, y no puedan ser engañados". "El urbanismo tiene que ser transparente. Si queremos acabar con los Gondomares ocultos, hay que actuar y colocarse del lado de la ley y del Gobierno", que defiende el interés general. Touriño responsabilizó al PP de "buscar rendimientos electorales" y aseguró que la Xunta toma sus decisiones "independientemente" del calendario electoral. "El Ejecutivo está para gobernar y no para cálculos electorales", enfatizó.

Fiscalía

Se duplican las denuncias en A Coruña

El fiscal coordinador de Patrimonio de la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia, Antonio Roma, anunció ayer que las denuncias urbanísticas se duplicaron en 2006 en A Coruña, pasando de las siete diligencias pendientes de trámite en 2005 a las 17 del pasado año.

En declaraciones a los medios, tras una reunión mantenida entre los máximos responsables de la Consellería de Medio Ambiente y la Fiscalía, Roma indicó que el pasado año se registró un mayor número de denuncias sobre asuntos urbanísticos, sobre todo, por parte de particulares y asociaciones. Aunque no facilitó datos de otras provincias –a la espera de que se publique la memoria anual de la Fiscalía–, precisó que en Pontevedra también aumentaron significativamente y "son más" que en A Coruña.

En este sentido, el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, subrayó que en 2006 hubo más denuncias por contenido urbanístico que las puramente ambientales.

Consellería de Medio Ambiente y los fiscales de esta materia firmaron un convenio con la finalidad de agilizar la tramitación de actuaciones ilícitas medioambientales.

García Ortiz explicó que el objetivo es crear "un espacio común" respecto a los expedientes sancionadores para determinar "con más facilidad" qué supuestos deben ser judicializados por la vía penal y cuáles tramitados por la Administración.