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El alcalde de Mugardos elude una sentencia de demolición de 1999

R.F. • A CORUÑA   | 10.10.2006 
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El fiscal ha formulado denuncia contra el alcalde de Mugardos, el nacionalista Xosé Fernández Barcia, por negarse a cumplir una sentencia dictada en marzo de 1999 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la que se instaba la demolición de una vivienda de nueva planta edificada ilegalmente, por haberse construido bajo el amparo de una licencia de reforma y rehabilitación.

El fiscal relata que en noviembre de 1999 el TSXG remitió al Ayuntamiento la sentencia, pero que "desde ese momento, y hasta el presente (el gobierno local) ha incumplido todos los requerimientos realizados por el Tribunal", dos de ellos en 2001, y después en 2004 y 2005.

En unos casos, el Ayuntamiento anunciaba que se ponía en marcha el procedimiento de demolición, "recabando dictámenes jurídicos o interesando la confección de proyectos a los arquitectos técnicos"; y en otros paralizaba "los supuestos trámites por alegaciones infundadas del propietario" de la vivienda ilegal, como la referida a la falta de titularidad sobre el terreno en que ésta se asentaba.

Después de estos infructuosos intentos, en febrero de este año la Sala de lo Contencioso acordó librar testimonio de todas estas actuaciones y requerimientos a la Fiscalía del TSXG para abrir acciones penales. El fiscal procedió entonces a tomar declaración al alcalde, que en aquella ocasión había asegurado que se había encargado "un proyecto técnico a un arquitecto exterior a fin de ejecutar el derribo previsto".

Pero a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, subraya la Fiscalía, y de que incluso se le informó de que ya existía una empresa adjudicataria de los trabajos de demolición, ésta no se ha producido, y el 15 de septiembre pasado "se tuvo que suspender ante la ausencia de un proyecto de derribo".

Para el ministerio público, todas estas circunstancias "demuestran de forma palmaria la absoluta falta de voluntad de acatar las decisiones del tribunal sentenciador", ya que ni siquiera se ha cubierto ninguna de las fases previas "que podrían conducir al cumplimiento de la resolución judicial".

El fiscal pide que se llame a Fernández Barcia a declarar en calidad de imputado por la posible violación del artículo 410.1 del Código Penal, que castiga con multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años para ocupar un cargo público a las autoridades que "se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales".