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Firma invitada//LLAMADA A LA REFLEXIÓN

Formación ética y construcción

Aunque asistimos diariamente a comportamientos sancionables alrededor del sector del ladrillo, es preciso no generalizar // Una ablación sistemática de las posibilidades de edificación llevaría a un incremento del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda

POR JUAN J. RAPOSO ARCEO*   | 12.11.2006 
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El Diccionario de la RAE nos da como primer significado de "corrupción" el de "acción y efecto de corromper o corromperse", atribuyéndole, entre otras, las siguientes acepciones: la de echar a perder, depravar, dañar o pudrir; la de sobornar a alguien con dádivas o de otra manera; y la de pervertir o seducir a una persona. Sin embargo, en el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, a la locución "corrupción" se le atribuye el significado de "el crimen de que se hacen culpables los que estando revestidos de alguna autoridad pública sucumben a la seducción, como igualmente el crimen que cometen los que tratan de corromperlos". Y es precisamente este último el significado que quiero destacar, ya que la corrupción, si bien revela una evidente podredumbre moral de sus autores e instigadores y unos comportamientos sancionables éticamente, supone sobre todo actuaciones delictivas, tales como prevaricación, soborno, alteración del precio de las cosas, malversación de caudales públicos, etc.

Nos encontramos prácticamente a diario con situaciones claramente delictivas y esto me lleva a plantearme cómo hemos podido llegar a esta situación y qué hacer para remediarla. Pero antes de abordar tales cuestiones, quisiera hacer dos breves reflexiones. La primera, que si bien es cierto que la corrupción en el ámbito urbanístico es extensa e intensa, estimo que no es general. Estamos asistiendo a una suerte de linchamiento de autoridades y funcionarios públicos incluyendo dentro del mismo saco a todos. Y es preciso distinguir y no meterlos a todos en el mismo saco. La universalización de la culpa en grupos genéricos de personas es siempre rechazable.

Y en segundo lugar quisiera destacar que la actividad constructiva es uno de los motores fundamentales de la economía española. Una ablación sistemática de las posibilidades edificatorias o una restricción sustancial de la misma nos llevaría, indefectiblemente, a un incremento del precio del suelo y por tanto de la vivienda, con unas consecuencias económicas impredecibles dada su evidente gravedad.

Señalado lo que antecede nos preguntamos cuál es la etiología, la causa, de esta situación. Existe un conglomerado de causas, pero quizás las que estimo más relevantes son:

1ª.- La crisis de valores éticos y morales de una sociedad en la que el beneficio económico y el bienestar material parecen ser los únicos y deseables objetivos a alcanzar.

2ª.- La gran cantidad de dinero y de eventuales beneficios derivados de la actividad constructiva.

3ª.- La falta de formación ética y profesional de muchos de los agentes de la construcción y de los actores públicos implicados.

4ª.- La existencia de un marco normativo muy rígido que deja en manos de la discrecionalidad, cuando no de la arbitrariedad, del planificador y gestor urbanístico la clasificación y reclasificación del suelo y la concesión de licencias.

5ª.- La falta de controles internos y externos operativos, tanto en vía administrativa como judicial, de las ilicitudes en los procesos constructivos.

6ª.- La lenidad de las sanciones, la tendencia a la impunidad del infractor y la apropiación de los beneficios de sus delitos, aún en el supuesto de que fuese sancionado.

Las consecuencias que una situación como la actual genera son también diversas, pero podemos destacar tres. La destrucción sistemática de nuestro patrimonio cultural, medioambiental y estético. Paisajes asolados y desolados. Urbanizaciones degradadas. Construcciones de muy baja calidad. En segundo lugar, un encarecimiento de la vivienda, ya que la corrupción, como el IVA, repercuten siempre en el consumidor final. Y por último, afecta a la calidad democrática. Mina la salud moral de la sociedad, que ve como personas con prácticas delictivas, en escasos períodos de tiempo, alcanzan enriquecimientos espectaculares que en otros casos no se consiguen, no ya en una vida entera, sino en varias generaciones, sin que exista la mínima correlación entre su enriquecimiento y los valores personales, humanos y profesionales de quienes se lucran con tales actuaciones.

Ante la situación en que nos encontramos, ciertamente preocupante, nos preguntamos si puede revertirse, si existen soluciones. Pero esto, amable lector, lo dejaremos para mañana.

 

*Doctor en Derecho y

profesor de la Universidade da Coruña (UDC)