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CONSTRUCCIÓN IRREGULAR

¿Cómo eliminar el mal?

Debe proscribirse el tratamiento al delincuente como si desempeñase un tipo de actividad ordinaria // Es preciso crear unidades especializadas, con medios materiales y humanos, para su lucha

POR JUAN J. RAPOSO ARCEO   | 13.11.2006 
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Nos planteábamos en el artículo de ayer si puede eliminarse la corrupción en el ámbito urbanístico. A fuer de ser sinceros, y si lo que perseguimos es su erradicación total, estimo que la respuesta ha de ser negativa. Como todos los delitos (robos, asesinatos, etc.), seguirá existiendo, ahora bien, nadie contempla con la más mínima benevolencia tales conductas criminales. Estimo que como dichas conductas los ilícitos urbanísticos deben confinarse a una patología del sistema, a algo residual, y siempre execrable. Creo que desde esta perspectiva realmente es posible una reducción sensible de la corrupción, a lo que cabría ayudar una serie de medidas entre las que podemos citar:

1º.- De tipo formativo e informativo. La carencia de valores, el "todo vale", el tratamiento al delincuente como si desempeñase un tipo de actividad ordinaria debe proscribirse. La corrupción crece en un ámbito en que la ausencia de moralidad y de referentes éticos es una constante. Debemos de difundir las consecuencias negativas para la sociedad del delito urbanístico y debemos de denostar tal actividad. Es preciso, por otra parte, una formación ética y profesional de autoridades y funcionarios. Los que acceden al ejercicio de actuaciones políticas no tienen por qué ser expertos en la materia, pero sí deberán de disponer de una panoplia mínima de conocimientos. Al menos que no aleguen ignorancia, lo que nunca sería, como sabemos, una eximente.

Es importantísima también la labor de los medios de comunicación que deben denunciar todos los ilícitos en materia urbanística. No debemos de olvidar que, básicamente, gracias a los medios de información es como tenemos conocimiento de estas situaciones.

2º.- De tipo político. Es necesario que los actores políticos no esperen al resultado de las actuaciones judiciales para actuar contra quienes notoriamente parecen contravenir las funciones para las que fueron elegidos. Si bien es cierto que se trata de una cuestión harto complicada, que puede incluso producir efectos perversos, no es menos cierto que hay supuestos en los que todos pensamos en que la notoriedad evidente de conductas públicas exigía una intervención que se ha dilatado excesivamente en el tiempo. La aprobación de códigos éticos, y la sanción a la infracción de los deberes en ellos contenidos parece un camino plausible.

3º.- Administrativas. En vía administrativa se requiere transparencia en la información, normas adecuadas a la realidad urbanística, con mezcla de elementos reglados y discrecionales, con decisiones colegiadas en la aprobación de planes y concesión de licencias, con mayor participación ciudadana, y con la intervención de nuevo de funcionarios públicos (como los secretarios de Ayuntamiento) que informen preceptivamente de las decisiones adoptadas en todo proceso urbanístico de entidad. Y es muy importante que el principio de ejecutividad de los actos administrativos vuelva a refulgir. Una mala entendida interpretación de las medidas cautelares ha llevado a que la ejecución de una demolición de una obra ilegal sea la excepción, cuando debía de ser la regla, y se demore en años, deviniendo en ocasiones, por la tardanza, en inejecutable.

Y por último, en este apartado, quisiera hacer una mención a la necesidad de adoptar medidas de tipo fiscal, con un control efectivo de determinadas transacciones y de las subsiguientes operaciones financieras que se realizan en el ámbito urbanístico.

4º.- Jurisdiccional. Se hace precisa la creación de unidades especializadas en la lucha contra este tipo de delincuencia. Pero unidades no de papel, sino con medios, materiales y humanos. A las que se adscriban, bajo la dirección de las fiscalías de urbanismo, técnicos especialistas en materia urbanística, personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en su caso de la Inspección del Banco de España, personal de las Fuerzas de Seguridad, dedicado exclusivamente a estas funciones, y cualesquiera otros que por la índole de la correspondiente investigación se estimen precisos (arquitectos, ingenieros, especialistas en informática, etc.).

Y es muy importante acabar con la sensación de impunidad de los autores de estos delitos. Se hace preciso sancionar con rigor a los responsables, proscribiendo el posible ejercicio de cargos públicos, expulsándolos de la función pública, y especialmente impidiendo que se queden con sus botines.

Se trata de una tarea compleja que, con la globalización, requiere incluso colaboración internacional. Disposiciones como el Convenio para la Lucha contra la Corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la OCDE, los Tratados del Consejo de Europa contra la corrupción, o el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción, en las que se hace especial hincapié en el embargo de los productos de los latrocinios de los implicados en los delitos vinculados con la corrupción, creo que son ejemplos del camino a seguir. Pero sobre todo es preciso que toda la sociedad se conciencie de que no estamos ante simples conductas perniciosas, sino ante delitos graves que como tales deben de ser tratados. Que afectan a nuestra vida cotidiana y diariamente, que arruinan nuestro paisaje, nuestras ciudades y pueblos de forma irreversible, que empiezan a dificultar gravemente el acceso a la vivienda de amplios sectores sociales. Y que inciden en la calidad de nuestra democracia. Termino. Creo que las conductas descritas, y sus autores y cómplices no deben de quedar impunes y sus patrimonios no pueden resultar indemnes tras la necesaria e insoslayable acción de la Justicia.

 

*Doctor en Derecho y

profesor de la Universidade da Coruña (UDC)