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Un nuevo urbanismo en Galicia

Normas más claras y sencillas, elaboradas desde abajo con las ideas del ciudadano, permitirían una planificación más humana del espacio // Los municipios serán los únicos autorizados para su desarrollo, eso sí, a través de órganos plurales y no de concejalías unipersonales

POR JUAN J. RAPOSO ARCEO *   | 16.10.2006 
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Decíamos ayer que con el estado de cosas descrito nos encontramos con que el planificador urbanístico deviene en una especie de poder teocrático que hace y deshace fortunas. Como en el milagro de los panes y los peces, su mano, al trazar una línea, o grafiar un espacio con un determinado color, puede convertir un erial en un tesoro de valor centenas de veces superior al inicial. De ahí, aunque no sólo por ello, la existencia de una enorme corrupción que aunque de todos conocida, y aflorando cada vez con mayor extensión e intensidad, nadie parece tratar de atajar, quizás por la incidencia del urbanismo en la financiación de las administraciones locales, y pudiera ser que también en la de los partidos políticos.

Pues bien, ante este estado de cosas, y teniendo en cuenta que la planificación no ha dotado a nuestro territorio de una mejor y más racional ordenación, ni está posibilitando la salvaguardia de nuestro patrimonio ambiental y arquitectónico, ni garantiza la integridad de nuestros paisajes y de nuestras costas, estimo que es necesario una modificación del sistema actual. Frente a tal estado de cosas se nos dice en todos los foros, de forma generalizada, que quien es opuesto al plan es enemigo declarado de toda racionalización del territorio, y que predica un "urbanismo sin ley". Pues bien, estimo que esa identificación entre "ley y plan" es totalmente rechazable. Cabe otro urbanismo, un urbanismo sin planes imperativos, más humano, más participativo y democrático, que solucione problemas en vez de generarlos. En este sentido, creo que este nuevo urbanismo debiera descansar sobre los siguientes pilares:

1º.- Normas más sencillas. La legislación en materia de suelo se ha hecho cada vez más críptica, su hermenéutica parece sólo accesible a un puñado de elegidos. Nada más lejos de la realidad. Deben hacerse normas sencillas, simples de concepción, y que se apliquen. Más reducidas en extensión, más eficaces en cuanto a intensidad de aplicación.

2º.- Es necesario sustituir los planes generales de ordenación urbanística, tal como hoy están concebidos, por otros instrumentos, más ágiles y eficaces, bien sean directrices, programas o, si se quiere, seguir denominándolos así por planes estratégicos. Instrumentos que habrían de ser de carácter esencialmente indicativo y prefigurarían, fundamentalmente, las estructuras y equipamientos de un territorio. En materia de trazado urbano tendrían un carácter esquemático, fijando lógicas proyectuales, y con un contenido normativo producto de estudios elaborados por los actores implicados (comisiones de transportes, infraestructuras, propietarios, promotores, arquitectos, etc). Como señala Patrick Geddes, "para planificar, antes que nada, comprender". En realidad no estamos sino postulando una vuelta a los orígenes de la legislación urbanística, en particular a la Town Planning Act de 1909, y a una orientación de un urbanismo menos ambicioso, pero quizás más efectivo.

3º.- La racionalización de las competencias de las distintas administraciones implicadas. En el nivel estratégico a que hemos hecho referencia tendrían participación las comunidades autónomas y el Estado (pese a la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, que ha balcanizado el urbanismo, dejando al Estado, a mi juicio, en forma absolutamente errónea, en una posición residual), toda vez que ámbitos como el de infraestructuras exigen lógicas regionales y nacionales, e incluso transnacionales. La comunidad autónoma de Galicia habría de centralizar en una única Consellería, la actual de Política Territorial, la totalidad de las competencias en esta materia, a fin de evitar retrasos y problemas de coordinación entre departamentos.

En el nivel de desarrollo del planeamiento, la competencia debe ser únicamente municipal. Y para evitar posibles actuaciones determinantes de desviación de poder, cuando no residenciables en el orden jurisdiccional penal, es decir, lisa y llanamente, para evitar la corrupción que nos asola, la planificación y la gestión urbanística, incluidas las licencias, habrán de ser competencia de todos los grupos municipales que habrían de estar integrados en la comisión de urbanismo, y en la que deben también participar representantes de las asociaciones vecinales y de los colegios profesionales y corporaciones con intereses y afectados por el urbanismo. Es necesario suprimir las concejalías unipersonales de Urbanismo, de forma que la autoridad en la materia la tenga un órgano colegiado y pluriparticipativo.

4º.- Es necesaria una mayor participación democrática en la ordenación del territorio. Debemos hacer un urbanismo de abajo a arriba, y no como acontece hoy, esta suerte de despotismo urbanístico y no muy ilustrado que padecemos. Estimo que sería positivo repetir experiencias como los PAI (programas de acciones inmediatas), que se produjeron en Madrid en los años setenta. Frente al proceso burocrático y formal, oponemos lo que Henri Lefebvre ha definido como "derecho a la ciudad", la creación de la ciudad por y para los ciudadanos, un derecho a la vida urbana transformada y renovada. Es preciso reivindicar las denominadas smart cities, esto es, aquellas comunidades capaces de vincularse de una manera activa en los procesos de diseño y transformación de la ciudad.

5º.- Por último, a la participación, debemos de unir la transparencia. Con los medios tecnológicos actuales resulta ridículo que el acceso a la información en muchos ámbitos urbanísticos se realice como en el siglo XIX. Y no hablo de situar en Internet determinadas disposiciones. Toda la información urbanística del municipio debe de ser accesible. Incluidos los proyectos. Su entrega debe realizarse en formato digital en la Administración competente, y ser totalmente accesible, a efectos de no convertir la acción pública en el urbanismo en una mera declaración de intenciones. Y mientras esto no se realice, habrán de cumplirse las prescripciones del Reglamento de Planeamiento que establece que todo ciudadano tiene derecho a acceder a todas la información urbanística, al menos durante cuatro horas, todos los días de la semana, en horarios de despacho al público (cfr. Artículo 164.3 Reglamento Planeamiento de 1978).

Es necesaria una reforma en profundidad de la ordenación urbana y territorial. Debemos de obtener un territorio, y especialmente un espacio urbano, en los que se garantice un desarrollo sostenible, no empobrecedor de los recursos, que fomente la solidaridad y la vida de relación de los ciudadanos, donde éstos puedan disfrutar de espacios públicos de calidad, al tiempo que se respeten los derechos de todos los actores implicados. Deben aunarse los intereses públicos y privados, tan legítimos unos como otros.

Es preciso también hacer un urbanismo de calidad, reivindicando el papel de la arquitectura en el mismo que estimo arrumbada en la actualidad. Lo que no cabe es quedarnos como estamos. Quizás aquí, desde Galicia, que aún está a tiempo de impedir desastres urbanísticos como los acaecidos en otros lugares de España, podamos iniciar una nueva etapa de la ordenación urbanística, que impida la destrucción de nuestro patrimonio, y que pueda erradicar, o al menos minimizar a su ámbito natural (una patología del sistema) la corrupción, hoy rampante.

*Profesor de la Escuela Universitaria de Empresariales de la Universidade da Coruña