El Correo Gallego

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PROTESTAS CIUDADANAS

"En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad"

El catedrático de la Complutense Tomás-Ramón Fernández considera necesario modificar la legislación actual // Cree que ningún Gobierno democrático lo ha hecho, porque es cómoda para los intereses de la Administración

12.06.2006 
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En España las leyes que rigen la expropiación tienen una doble cara. La amable se la ofrecen a la Administración, que se encuentra absolutamente cómoda con ellas. Pero a los afectados, a menudo perdidos en un proceso complejo y prácticamente incomprensible, le reservan su faceta más kafkiana. Son numerosos los juristas que defienden que modificando la actual legislación se evitarían numerosos conflictos. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Tomás-Ramón Fernández es uno de los más críticos.

"En ningún país civilizado es tan fácil privar a un ciudadano de su propiedad como en el nuestro", señala Fernández, para quien la expropiación forzosa es "la vergüenza del Derecho Público español". El catedrático de la Complutense se pregunta por qué es precisamente esta ley, promulgada en 1954, la única que ha pervivido desde el franquismo. "Todas las demás se han modificado, qué casualidad que quede ésta", remarca. Y él mismo aventura una respuesta. "A la Administración le es muy fácil expropiar, no tiene grandes obstáculos. Los políticos de turno piensan, "yo expropio hoy, lo valoro en una cantidad ridícula, probablemente los afectados vayan a recurrir, pero cuando se resuelva en los tribunales dentro de varios años ¿quién ocupará mi silla?"". Tomás-Ramón Fernández considera que desde que se aprobó la Constitución ha habido una extraña "conspiración del silencio" en torno a este asunto y ningún Gobierno, ni conservador ni progresista, ha decidido mejorar la ley, sino todo lo contrario. "Los legisladores democráticos no sólo no han hecho nada en este campo para corregir la insoportable herencia de Franco, sino que la han incrementado y la siguen incrementando con el mayor desahogo", indica.

Pero ¿qué defectos presenta la legislación española? En opinión de Tomás-Ramón Fernández el primero es que el afectado "conoce la expropiación de que está siendo víctima cuando ya está consumada y no le queda otra cosa que discutir el justiprecio". En España para que una determinada infraestructura o urbanización de viviendas sea declarada como de interés general basta con que así lo decida la Administración. Sin embargo, países como Francia utilizan un método distinto. "Se abre una oficina pública y se les concede a los afectados un tiempo para que puedan ofrecer alternativas a realizar o verificar si es necesario expropiar toda la finca o sólo una parte, por ejemplo".

Otro de los principales problemas es el abuso de la denominada vía de urgencia, prevista como excepción en la ley. Ésta permite ocupar los terrenos antes de compensar económicamente al propietario. Hasta el año 96, las administraciones no tenían, ni siquiera, que reservar dinero para tal fin, una práctica que en opinión de Fernández se corresponde con un "te lo quito hoy y ya veremos cuándo te lo pago".

LAS CLAVES

Especulación con el suelo

Tomás-Ramón Fernández critica que las leyes del suelo (estatal y autonómicas) han favorecido la especulación mediante las denominadas unidades de acción. "Se expropia hoy a precio de suelo no urbanizable y una vez incorporado al patrimonio municipal, se recalifica mediante una modificación del planeamiento y se vende a precio de urbanizable".

Cantidades ridículas y pagos retrasados

Ahora la legislación obliga a la Administración a reservar el dinero, pero los pagos se siguen retrasando. "Las autoridades acostumbradas durante décadas a hacer de su capa un sayo han encontrado la fórmula para eludir la nueva exigencia: tasar en sí y ante sí los bienes a expropiar en una cantidad ridícula", señala Fernández. Después los tribunales suelen subirla.

Ayuntamientos de distinto partido

Sólo el Consejo de Ministros o el Consello de la Xunta pueden paralizar la vía de urgencia (que permite ocupar antes de pagar) si deciden que el justiprecio fijado no se ajusta a la ley. "Sólo en caso de expropiaciones locales intentadas por corporaciones locales de distinto color político", explica el catedrático de Derecho, "es pensable que funcione este control" .

LA FRASE "

"La Ley de Expropiación es la única que sigue desde el franquismo, qué casualidad que sólo quede ésta"