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a bordo

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ

Ley costosa

19.09.2008 
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Para empezar, resulta una extraña anomalía la competencia estatal sobre el perímetro costero de Galicia. Y todavía es más anómalo que no forme parte de las salmodias reivindicativas ante Madrid, que incluyen tráfico, salvamento marítimo, fiscalidad y demás, pero no la autonomía costera de una comunidad que es como un barco amarrado a la península.

No existe un jefe de la demarcación educativa, sanitaria, agraria o industrial, pero sí un virrey costero sin dependencia parlamentaria alguna, y con un poder notable sobre el balcón marítimo. ¿Acaso la Administración central piensa que no se nos puede dejar sueltos, y que sólo con la tutela de gente cabal se evitan latrocinios? Que sea entonces la equitativa y lejana Bruselas quien ejerza la patria potestad.

Esa es la primera reflexión que sugiere la polvareda que están levantando los deslindes que aplican la Ley de Costas. Bajo su guillotina caen justos y pecadores, núcleos tradicionales, otros menos clásicos pero perfectamente legales, y los adefesios que profanan el paisaje. De su aplicación se deduce que muchas casas de la orilla tendrán el mismo destino que Rumasa, mientras que Reganosa o la piscifactoría de Cabo Vilán podrán seguir tan campantes.

El director xeral de Urbanismo, que está emparentado con Fisterra, se pone firme y entona esa parte del himno que tan bien encaja con la situación: non nos entenden, non. Según sus palabras, el Gobierno de allá no entiende el modelo territorial de Galicia, lo cual es un argumento excelente a favor de un traspaso competencial.

La Ley en cuestión tiene una clara inspiración levantina. Quienes la hicieron y aprobaron, pensaban en esa parte de la costa mediterránea necesitada sin duda de medidas drásticas, sin matices. Ésta, sin embargo, es una tierra de matices. No verlo así lleva a cometer errores e injusticias, como los que ahora se quieren evitar.

¿De qué forma? Se habla de analizar cada caso y establecer excepciones, pero la casuística y la excepcionalidad a veces amparan decisiones arbitrarias. Tan mala es una ley rígida, como otra que se aplica o no de acuerdo con criterios caprichosos. En materia de disciplina urbanística, los precedentes son numerosos. El trato que se da, por ejemplo, al desarrollo desmesurado de Barreiros y de Foz sólo se explica por el distinto color partidario del alcalde. Pues lo mismo puede suceder si la Administración costera aplica la goma de borrar, para corregir la delimitación que está haciendo.

Dicen que el infiermo está empedrado de buenas intenciones. Lo mismo ocurre con las malas leyes. Las consecuencias perversas de la Ley de Costas no aparecen de repente. Esos núcleos con riesgo de ser estatalizados están ahí desde hace mucho tiempo, pero se prefirió cerrar los ojos a estos problemas mientras se cantaban a coro las alabanzas de la normativa.

Nadie se atrevía a poner un pero, por miedo a ser tildado de destructor del medio natural. Tal vez más de uno pensó que la Ley sería como las hojas de los árboles, y caería en el otoño, pero no fue así, y los demarcadores se lanzaron a marcar las nuevas fronteras de Galicia. Ahora nos damos cuenta de que todo aquello no era una broma. De la mano de la protección costera se desprotegen derechos y se promueve una incongruente nacionalización de parte del territorio.

Hasta el mismo director xeral confiesa compungido que no nos entienden. Entonces: ¿por qué siguen teniendo competencias sobre nuestras costas?