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Arranca el juicio contra el director de un geriátrico por estafar a una jubilada
23.03.2008 El sacerdote que dirige la fundación San Rosendo, Benigno Moure, está acusado de aprovecharse de su incapacidad para hacerse con sus propiedades
EFE • OURENSE
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| En la imagen de archivo, Benigno Moure, director de la fundación FOTO: Daniel Atanes |
En un auto judicial al que tuvo acceso la agencia Efe, se fijan los primeros días de abril para la vista del juicio contra Benigno Moure Cortés, acusado por el fiscal de ser autor de los delitos continuados de apropiación indebida y dos continuados de estafa.
Más de medio millón de euros
El fiscal pide 14 años de prisión e inhabilitación de Moure Cortés para dirigir o apoderar cualquier entidad, empresa o fundación dedicada al cuidado o gestión de ancianos o incapaces, además del pago conjunto y solidario con la fundación San Rosendo de los 573.673 euros de las cuentas de Edelmiro Nogueira y María Vázquez y sus intereses.
La acusación particular, ejercida por el sobrino y heredero de Edelmiro y María, pide para Moure 40 años de prisión por los mismos delitos que la fiscalía, a los que añade falsedad en documento público y privado y reclama una indemnización por perjuicios e intereses.
En relación al notario Alejo Calatayud, al margen de la causa contra Benigno Moure, el fiscal envió a la Audiencia la declaración de varios testigos en el proceso de instrucción "para que se depuren posibles responsabilidades penales en la persona del notario", según su calificación provisional.
La acusación particular, a la que también accedió Efe, sí considera al notario como autor de sendos delitos de estafa y falsedad en documento público, por los que pide para él una pena de 14 años y cien mil euros en concepto de responsabilidad civil.
Moure y el notario ingresaron en el juzgado el importe de las fianzas impuestas para hacer frente a responsabilidades económicas, la del primero, de 573.673 euros y la de Calatayud, de 42.976 euros.
Con el pretexto de ayudarla
Según el escrito del fiscal, el acusado convenció personalmente a María Vázquez Covela, ingresada con su marido en el geriátrico Os Gozos en julio de 1998, para aparecer como autorizado en las cuentas en las que era titular ella o su marido "valiéndose para ello de su situación de debilidad mental y con el pretexto de ayudarla en la administración de su dinero".
La propuesta del acusado fue aceptada por la mujer y Moure transfirió en agosto de 1999 un total de 450.759 euros en dos operaciones de traspaso, realizadas en días consecutivos, a otra cuenta abierta a nombre de la fundación San Rosendo en la sucursal de Banesto de O Carballiño (Ourense).
Además Benigno Moure dispuso, como persona autorizada, de diversas cantidades de dinero tras la muerte de Edelmiro Nogueira en 2000 y la incapacitación legal de su esposa, en 2001, pedida por el propio presidente de la fundación a la fiscalía.
CASAS, PISOS Y TERRENOS
Patrimonio "esquilmado", según el fiscal
Según el fiscal, María Vázquez estaba ya afectada por un trastorno mental orgánico que la hacía incapaz de regir su persona y sus bienes y Moure la convenció de vender a su favor, en escritura privada, el piso de O Carballiño en el que residía con su marido antes de ingresar en el geriátrico. También la convenció, "sin tener en ningún momento la intención de abonarle el precio", dice el texto, de vender un grupo de casas de Lebosende (Leiro), una vivienda en O Irixo y una huerta por 37.653 euros.
El fiscal señala que la propiedad del piso de O Carballiño en favor de la fundación no era consistente, por lo que la entidad y Moure "nuevamente manipulan" la voluntad de María Vázquez, cuando ya estaba incapacitada, para que firme una escritura pública, sellada por el notario Alejo Calatayud, de venta a una tercera persona que pagó 42.071 euros, que pasaron a la cuenta de la fundación.
Además, sin ningún tipo de documento que acredite la condición de propietario del sacerdote, el presidente de la fundación vendió a terceros, también en escritura privada, otros bienes de la mujer que ya estaba incapacitada, entre ellos dos viñedos y 54 fincas de O Carballiño, O Irixo y Leiro.
Según el texto de la Fiscalía, cuando la supuesta víctima, María Vázquez Covela, falleció en el año 2003, su patrimonio había sido "esquilmado" .
