Es un hecho que los jueces tienen razones fundadas para protestar por las malas condiciones en las que deben realizar su trabajo, por lo general en juzgados que están en pañales a nivel informático y saturados de legajos a los que no hay forma de dar salida. Una sentencia injusta puede arruinar la vida a muchas personas, y ellos son, nadie más, quienes tienen que asumir esa responsabilidad.
Pese a todo, la huelga de ayer huele a chamusquina por los cuatro costados, porque con la que está cayendo en todos los sectores seguramente son los jueces, al igual que otros servidores públicos de alto standing, los que menos motivos tienen para llorar. Al fin y al cabo, sus empleos no peligran, sus sueldos dan para vivir con desahogos, su corporativismo funciona de una forma tan matemática que hasta los peores profesionales gozan de una especie de intocabilidad inviolable, y es de dominio público que algunos o bastantes jueces no se estresan en absoluto ante la acumulación de casos: se limitan a cumplir su horario, a veces con una esponjosidad asombrosa, y a partir de ahí se te he visto no me acuerdo, chavalín. Se mueven, en suma, al pausado ritmo que marca la función pública, ese monstruo acogotante que cada vez se come más y más recursos con una ligereza que jamás se permitiría en la empresa privada. Por fortuna, también es un hecho que no pocos jueces se dejan la piel en su trabajo y que, apartados de famas y lujos, dictan sentencias que merecerían se enmarcadas.
Seguramente, sí, muchos juzgados necesitan más personal y mejores dotaciones, pero las preguntas cruciales, en unos momentos como estos, son: ¿de verdad España, con la friolera de tres millones de empleados públicos, puede permitirse el lujo de seguir engrosando tan demencial nómina? ¿Cuántos de ellos funcionan y cuántos miles están a rascarla? Señorías, por favor, sentencien ustedes.
