Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del PSM, considera que Esperanza Aguirre y Manuel Lamela deben asumir responsabilidades por el informe del Colegio de Médicos por el que no se puede afirmar que exista una relación de causa-efecto entre las sedaciones y las muertes en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Afirma también que los socialistas entienden que no está justificada la alarma social generada por el Gobierno regional y se reafirman en la idea de que Lamela actuó irresponsablemente al acudir a la fiscalía basándose en una denuncia anónima en la que se hablaba de homicidios y de que podía haber 400 casos.

Según Fernández, "lo que en un principio eran 400 homicidios, se ha quedado en que este informe afirma que no se puede establecer que ningún caso en el que la causa de la muerte del paciente haya sido la sedación".

A pesar de ello, ""el consejero continúa en su empeño de causar alarma social de forma irresponsable e injustificada", continúa, como ya hizo el 11 de marzo de 2005 cuando le aseguró al secretario general del PSM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, que había recibido una denuncia anónima que acusaba al servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de ser responsable de 400 homicidios, denuncia anónima que Manuel Lamela dio por buena y que le bastó para suspender del servicio al coordinador de urgencias del hospital.

Concluye el responsable socialista diciendo que Esperanza Aguirre y Manuel Lamela llevan generando una alarma social injustificada y peligrosa contra la sanidad pública desde que comenzó el caso Severo Ochoa, con el único fin de desprestigiar a sus profesionales y poner en duda su eficacia, "y nos tememos que con el objetivo de abrir la puerta a las empresas privadas a un jugoso negocio a costa del derecho de los madrileños a recibir un servicio sanitario público de calidad y en equidad".