Por más que quiera achacarse a un tremendismo injustificado, cada uno de los últimos y sumamente esclarecedores Informes de la profesión periodística elaborados a instancia de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), integrada en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), dibujan una preocupante situación de la profesión, con sus dos vértices principales en la estabilidad en el empleo de quienes la ejercen, por un lado, y en la pérdida de credibilidad del mensaje que aquellos ponen a disposición de la opinión pública, por el otro.

Si la primera de las carencias tiene más que ver con la relación empleado-empleador y por tanto ha de ser dirimida puertas adentro de la profesión -desde patronal a sindicatos- sin que ello obste para su conocimiento general dada la lógica repercusión pública que tiene, es en el segundo de los aspectos en el que quiere centrarse este comentario de hoy, ya que la de la credibilidad es condición inherente al cometido de transmitir información objetiva y veraz que ayude a conformar estados de opinión en libertad y democracia, objetivo último de esta vieja y tantas veces denostada profesión.

A este último peligro acaba de referirse muy recientemente el Colexio de Xornalistas de Galicia (16/10/08) a través de una declaración formal y pública. Bien es ciertio que antes, y con sus primeras luces de alarma en 2005, lo hicieron otras asociaciones y colegios profesionales y aun, como luego se verá, directores de los medios de información de mayor tirada. Pero ya se sabe que tanto en lo bueno como en lo malo, a este finisterre español llegan con más demora de la usual los estertores de las crisis y de los éxitos, del paro y de la abundancia.

La denuncia de la institución colegial que agrupa a los periodistas gallegos alude al abuso de actos públicos, en especial declaraciones formales de los partidos políticos y convocatorias de ruedas de prensa, en las que se impide por acción u omisión las preguntas de los redactores a los que se les hace llegar esa supuesta información.

El fenómeno, como se señala, no es nuevo y alcanzó su máxima y más grave expresión en la última campaña electoral de las generales del pasado mes de marzo en la que, en el decir de la actual presidenta de la FAPE, la gallega Magis Iglesias, "los partidos políticos se han hecho amos de la nueva realidad. Ellos han sabido sacar rentabilidad a las nuevas tecnologías para ponerlas a su servicio prescindiendo, cada vez más, del filtro profesional. Los periodistas que hemos viajado en las caravanas electorales nos hemos convertido en unos simples mandados o, en el mejor de los casos, en meros comparsas que forman parte del atrezo". No más benevolente se muestra su predecesor en el cargo, Fernando González Urbaneja, al avisar de que "las habituales declaraciones sin preguntas y las ruedas de prensa sin repreguntas deterioran la democracia"

Como se señala, este estado de cosas mereció en los últimos meses múltiples y unánimes condenas de parte de todos los profesionales del periodismo, en tanto que ataque a la esencia misma de la profesión. El más relevante de ellos, el que en abril de este mismo año hicieron diez directores de los diarios de mayor tirada nacional, junto al Colegi de Periodistes de Catalunya y las aludidas FAPE y APM y que se comenta en esta página.

Para el Colexio de Xornalistas de Galicia, a través de su Junta de Gobierno, este modo de actuar "únese ó abuso por parte dos dirixentes políticos -sexa como responsables das Administracións públicas ou como voceiros dunha determinada formación- de fórmulas de comunicación que se convirten en actos propagandísticos sen posibilidade de contraste xornalístico", actuaciones que "constitúen un atranco para o exercicio profesional dos xornalistas".

Critica, asimismo, el colegio, otras prácticas no menos nefandas para la profesión como son las convocatorias sólo para gráficos, la oferta de una imagen institucional única para todas las televisiones o la disponibilidad de un audio igual para todas las emisoras, prácticas que son reprobables cuando sus protagonistas se niegan a atender el requerimiento de los profesionales para obtener imágenes y audio a través de las propias preguntas. Concluye el Colexio aconsejando a los profesionales que "reflictan nas súas informacións as condicións que impoñen as institucións públicas e os partidos políticos nas súas convocataorias, con especial énfase nos casos nos que se impida formular preguntas".

Admitiendo la bondad del comunicado, es en la última de sus recomendaciones donde la opinión de este defensor está en frontal desacuerdo, por lo timorato de la medida propuesta respecto de un mal que afecta de lleno a la línea de flotación de la credibilidad informativa. No puede conformarse el periodista con reflejar las condiciones de cerrazón de la fuente informante, que es tanto como dar por bueno o dejar en la nebulosa de la incertidumbre la veracidad de la información que su condición de periodista le exige. Si se presta a ese juego, un mínimo de rigor profesional debe llevarle, además de denunciarlo, a contraponer la información recibida con la que objetiva y lealmente pueda obtener de otras fuentes informantes.

Es entendible que, allí hasta donde se le permita, toda corporación industrial, asociación o partido político tratará de convertir en propaganda sus mensaje, retorciendo la verdad hasta donde le resulte de mayor conveniencia. Ese es el hándicap, pero no hay que deducir por ello que ahí estriba toda la culpa, porque en el tropezón que supone la perdida de credibilidad, el empedrado del propósito manipulador no tiene más culpa que la ceguera del profesional que no ha sabido ver el adoquín levantado.

Y si de verdad esta profesión representa algo de dignidad y servicio a la opinión pública, son los profesionales y quienes les dirigen los que tienen que mostrarse firmes en su negativa a admitir este trágala, negándose a tales prácticas.

No merecen la presencia de redactores

Entre los distintos colegios, y asociaciones que han condenado las prácticas que denuncia el Colexio de Xornalistas de Galicia, hay que destacar la denuncia realizada el 30 de abril del presente año por los directores de los periódicos La Vanguardia, ABC, El País, El Periódico de Catalunya, El Mundo, La Razón, 20 Minutos, Qué, ADN y Público, así como el Col.legi de Periodistes de Catalunya, la Asociación de Periodistas de Madrid y la propia FAPE.

Tras señalar entre las malas prácticas y dificultades profesionales "la provocada por personajes públicos, de la política y otros ámbitos, que evitan someterse al procedimiento clásico de conferencias de prensa, con turno de preguntas y repreguntas de los periodistas que representan los medios de comunicación acreditados y recurren a las llamadas declaraciones institucionales sin más explicaciones públicas adicionales, los firmantes del manifiesto consideran que "no merecen la comparecencia de periodistas, porque sobra con la distribución de las mismas en los soportes posibles, para que los medios valoren el tratamiento informativo que les parezca adecuado". Denuncian, asimismo, que esas prácticas se pusieron de manifiesto de modo singular en la campaña de las generales.