Hace unos pocos años que a propósito de una reflexión similar a la que hoy se intenta desde esta página, el ilustre colega de La Vanguardia, Josep Maria Casasús, iniciaba su comentario con una obviedad que, sin embargo, se olvidaba entonces y se sigue relegando ahora a la desgana: "Los ciudadanos son los titulares del derecho a la información". Perogrullada para el mundo periodístico que, sin embargo, parece no serlo tanto para algunas instituciones públicas. No de otra forma cabe interpretar sus actuaciones en relación con las exigencias éticas que aquella afirmación entraña. Un ejemplo nos ayudará a clarificarlo.

Días atrás la prensa nacional recogía con amplio relieve informativo la noticia de que "el Gobierno vasco espió el móvil de un periodista de El Correo para saber sus fuentes". La crónica del ABC, periódico del que se recoge la información, añade que con esa acción el Ejecutivo autonómico, a través del departamento de Interior, pretendía conocer quién había filtrado al periódico vasco una información "que denunciaba el soplo policial a un colaborador etarra de que iba a ser detenido" días después. La noticia, añade el diario, desató una caza de brujas "que se materializó en la acusación directa contra un ertzaina, investigado judicialmente como sospechoso de haber facilitado esos datos al informador". La imputación contra el policía ha sido finalmente rechazada por un juez, que acaba de sobreseer la causa. Nada se sabe, por el contrario, de que Interior hubiese desplegado ese mismo celo profesional para saber quién había sido el autor del soplo policial al colaborador etarra, advirtiéndole con tres días de antelación que se pretendía su detención.

El propio ABC califica la actitud de Interior como "un hecho sin precedentes", y más que lo es, cabría añadir, al comprobar cómo esas escuchas fueron autorizadas por un juez, se supone que en base a una presunción delictiva que acaso debiera explicitarse de modo que todos la entendiéramos, lo que no se antoja fácil. Hay, aún, un tercer factor en esta acción tan sorprendente como singular y que tiene que ver con la actitud del propio departamento vasco de Interior, al ocultar parte de la verdad al juez con el propósito de allanar el camino para formalizar la intervención del móvil. Y -¡pena!- la noticia tampoco abunda en si esa manipulación fue objeto, como debiera, de la oportuna intervención judicial, ésta sí más justificada que la de las escuchas.

No es la primera vez que arrogándose representatividades que en todo caso conviene tamizar con mucho cuidado y reflexión por la letra y espíritu de la ley, organismos públicos se consideran con derecho a conocer las fuentes informativas de los periodistas, evidentemente bajo el subterfugio -cuando no amenaza- de que la ocultación supone la colaboración en un delito o con un delincuente, pero, como ocurre en este caso, lejos de que esa presunción tenga un mínimo argumento de verdad.

Porque tampoco dice la noticia, y es una lástima, si el juez, como debiera, antes de autorizar las escuchas dio alguna opción de defensa al periodista, teniendo en cuenta las graves consecuencias que para la credibilidad no ya del periodista afectado, sino también del propio medio y aún de toda la profesión, podrían derivarse al ver como un organismo público accede con la bendición judicial no a una fuente en concreto y sobre una noticia determinada, sino a todas las demás fuentes informativas alusivas a muchas otras noticias, poniendo en evidente riesgo el bien más sagrado de un periodista, el que sustenta toda su ética profesional.

Porque el caso que se denuncia fundamenta su singularidad en la propia esencia de lo que es el periodismo, entendido no como un derecho de un informador a no desvelar sus fuentes, sino como un bien inalienable de toda la ciudadanía a disponer de una información amplia, veraz y rigurosa. Y a nadie se oculta que en demasiadas ocasiones las virtudes de veracidad y rigor han de asentarse, por fuerza, en el secreto profesional.

Esta verdad, tan vieja como la profesión, la explica con su habitual tino docente el profesor Hugo Aznar ("Deberes éticos de la información confidencial", Revista Latina de Comunicación Social, número 50, 2002) cuando señala que detrás del compromiso de confidencialidad hay algo más que el respeto que se merecen dos personas que lo pactan, al convertirse en "un deber propiamente profesional, no sólo ético sino también deontológico" y, más aún, con el fundamento añadido que tiene el profesional "hacia la propia actividad periodística, es decir hacia el propio medio en el que trabaja y sus colegas. Nuevamente el carácter profesional de su actividad añade un nuevo fundamento de obligación a estas relaciones".

Recuerda también el profesor Aznar que "se trata de un instrumento que debe servir siempre al fin fundamental de la actividad periodística: el servicio al derecho a la información del público y a la transparencia informativa de una sociedad democrática. Son instituciones que existen únicamente para que los periodistas presten un mejor servicio a la sociedad".

Por eso sería bueno que frente al creciente impulso de muchos organismos por traspasar ese umbral irrenunciable de la confidencialidad periodística, los jueces extremaran sus precauciones sabiendo que al buscar una fuente -que se persigue muchas veces desde la precipitada valoración de presunción delictiva- puede provocarse que se seque todo el manantial ético de un profesional o de un periódico, que es tanto como abocarlo, injustamente, a la ruina, social y económica. Pero, mucho más que eso, supone un manifiesto atentado a uno de los pilares que sustentan la convivencia en democracia.

El valor ético del secreto profesional

El aludido profesor Aznar recuerda una reciente encuesta entre profesionales del periodismo que desvela que la acción de romper una promesa de confidencialidad es la práctica sentida como más unánimemente inaceptable entre los profesionales de la información de España. Según el cuadro que aporta el profesor de ética de la universidad valenciana Cardenal Herrera, el 97,5 de periodistas consultados considera intolerable incumplir la referida promesa de confidencialidad, muy por encima en reprobación de otras acciones como serían utilizar documentos personales sin permiso (intolerable para el 92,5 de encuestados), pagar para obtener una información (que reprueban el 79,4 por cien), cambiar de identidad para obtener información (nefasto para un 66,5 por cien) o, en fin, usar informes y documentos sin autorización ( que no haría el 63,4 por cien). Los datos de la encuesta señalaban a España como el segundo país, detrás de Canadá, que más relevancia daba al respeto a las fuentes, que es, por demás y según encuestas similares en otros países, "la norma ética más sólidamente establecida". En suma, la apelación al secreto profesional es más, mucho más, que el personal y veleidoso capricho de los profesionales de la información, dispuestos a jugarse la cárcel en su defensa. Conviene no olvidarlo.