De espectáculo, y no sin razón como se verá, enjuicia el Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) el desarrollo de la presente campaña electoral para las elecciones generales del día 9 próximo en su relación con los medios de comunicación. Un acontecimiento en el que éstos serían meros convidados de piedra ante las exigencias de los aparatos de los partidos políticos a la hora de transmitir a la ciudadanía los mensajes que ellos quieren. Y sólo esos.

No menos crítica es la actitud, dentro también del ámbito gallego, de la Asociación de Periodistas de Santiago -integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE- al hacer suyas las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el tratamiento de la información política en periodo electoral.

Si bien es cierto que ambos manifiestos aluden de modo preferente a los medios de comunicación audiovisuales, no lo es menos que cuanto denuncian se hace extensivo, de una u otra forma, a la generalidad de los medios informativos y, por ello mismo, también a la prensa escrita.

El tema, sin ser nuevo -se comentó desde esta misma sección en anteriores ocasiones, la última el 25 de mayo del pasado año bajo el título Telebasura en campaña electoral y con motivo de las elecciones municipales-, sí va cobrando mayor incidencia, sin que las pocas e inconexas voces de alerta que se alzan logren encender las alarmas del peligro evidente que supone para la convivencia en democracia y libertad, que de eso se trata.

En uno de esos anteriores comentarios ya se lamentaba, en palabras de María Holgado González, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo Olvide de Sevilla, cómo los partidos se mostraban cada vez más reacios a facilitar el trabajo de los periodistas, dificultando con las más variadas excusas el acceso a los candidatos y a los actos de campaña y como también, de modo particular, intentaban substituir la información de los profesionales por notas oficiales o piezas audiovisuales elaboradas específicamente para los medios, sin indicación del autor y con contenido más propagandístico que informativo. Lo peor, señala ahora el Sindicato de Xornalistas, es que "las empresas periodísticas aceptan emitir esas imágenes, con lo que se convierten en meras correas de transmisión de la información que les facilitan los partidos. Esto supone traicionar la misma libertad de prensa que dicen defender, por el ahorro económico que esto representa".

Una práctica, en todo caso, que en vez de remitir va en aumento, lo que es tanto como admitir la interesada censura de parte de los protagonistas de esas informaciones de incuestionable interés general -pocos acontecimientos lo tienen en mayor grado que unas elecciones generales- imposibilitando con ello que sea el periodista quien en el ejercicio responsable de su profesión lleve a la ciudadanía lo bueno y lo malo de una determinada opción política. Distinción moral que por supuesto ningún profesional se arroga sino que deja a la exclusiva responsabilidad del lector-votante. Pero es, como se señala, una más atenazante vuelta de tuerca ésta de ofrecer imágenes y cortes de voz -uno duda incluso de si realmente recogidas en un acto electoral o trabajadas desde las mejores condiciones técnicas que ofrece un estudio de grabación- con sólo los mensajes que cada formación quiere anunciar.

Otra deleznable práctica es la también apuntada por el Sindicato de Xornalistas de que "los principales líderes políticos o sus asesores exigen a los medios entrevistas o debates pactados, en los que pretenden imponer incluso los ángulos que deben captar las cámaras, lo que convierte a los periodistas en meros espectadores de mítines particulares".

Adocenados en este dejar hacer, por cuanto facilita la tarea periodística aunque a un elevado precio, acaso habrá que consumir aún unos cuantos comicios más hasta que la propia responsabilidad y el debido respeto a los dueños de la información, los lectores, radioyentes y telespectadores, ponga el punto y final a esta situación.

Porque si algo necesita la democracia, y un proceso electoral lo es en su máxima grado, es el aire fresco de la libertad y de la transparencia. En esa tarea, son los lectores los llamados a denunciar si se les traiciona o si se les ocultan datos relevantes a la hora de formarse juicio cabal sobre aquellos que habrán de gobernarnos.

Por todo lo referido, no está de más que, en sintonía con las denuncias comentadas, también desde aquí se recuerden principios obvios como que "la protección que el artículo 20 de la Constitución dispensa al derecho fundamental a la libertad de información no sólo debe entenderse desde la perspectiva de un interés individual, sino también desde la garantía de una opinión pública libremente formada, indisolublemente unida al pluralismo político y requisito de funcionamiento de un Estado democrático", como recuerda el Consejo Audiovisual de Andalucía, o que, según el aludido sindicato gallego, "la información es un derecho de la ciudadanía" en el que los periodistas "son los mediadores necesarios entre la información y la sociedad, y que el respeto de ese derecho fundamental exige que nadie ponga límites a la independencia profesional de los informadores", para concluir de modo categórico que "es preciso que terminemos de una vez por todas con este espectáculo".

Los cara a cara que las televisiones nos ofrecen entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno parecieran un sano y responsable ejercicio de salud democrática, si no fuera por las múltiples trabas que se ponen a la hora de informar -desde la elección de temas a la imposibilidad de preguntar-. En los tantas veces reprobados Estados Unidos de América del Norte, los dos actuales candidatos demócratas a la Casa Blanca llevan ya veinte debates, sin controles de tiempos, preguntas, pactos o camarlengos protectores. A lo peor, aún nos queda un largo camino que recorrer de praxis democrática.

Objetividad, imparcialidad y veracidad

Nueve recomendaciones y un corolario final resumen el sentir del Consejo Audiovisual citado que los periodistas compostelanos asumen como propio y que se concretan en los siguientes enunciados, todos ellos llenos de lógica democrática.

Exigencia de objetividad, veracidad e imparcialidad en las informaciones sobre las elecciones, además de una adecuada separación entre información y opinión y la garantía de igualdad de oportunidades figuran entre esas vindicaciones profesionales, al tiempo que se reclama de los profesionales de la información el adecuado equilibrio de las formaciones políticas mayoritarias con respeto a las minoritarias, favorecer la equidad y respeto por el pluralismo, tanto político como territorial, no renunciar a la premisa del interés informativo bajo los criterios de profesionalidad, oportunidad, actualidad e interés público, y, finalmente, respeto a la profesionalidad y a la accesibilidad de las personas discapacitadas a la información.

Es evidente que nadie en su sano juicio deserta de estas consideraciones, que se entienden como imprescindibles en toda democracia. La experiencia diaria aconseja, sin embargo, estar atentos ante unas amenazas que se antojan demasiado reales y próximas.