FIEL A SU DOCTRINARISMO conocido, el presidente de la Xunta nos acaba de ofrecer una muestra más del pensamiento binario, con un mensaje de esos que tanto les gustan a los que asan la manteca: "O se está con los que incendian o con los que apagan el fuego. El Gobierno siempre estará con los que apagan". ¡Cuánto arrojo!

Nada que envidiar a los lumbreras del Tea Party, aunque, como es fácilmente comprobable, no hace falta ir tan lejos para encontrar abundantes muestras de pensamiento binario. De hecho, la historia política de este país es abundante en personajes de ese jaez, que ya no es que digieran mal la crítica; mucho peor todavía, pretenden anularla haciendo abstracción de las más elementales convicciones democráticas.

No hace tantos años que el hoy presidente y sus compañeros de filas no reparaban en las más duras y ácidas críticas y descalificaciones contra el Gobierno, convirtiendo en una auténtica tomadura de pelo sus promesas de "apoyo institucional, diáfano y claro". Lejos de superar el uso "partidista" de los incendios que, según Feijóo, habían hecho nacionalistas y socialistas en los dieciséis años de Fraga al frente de la Xunta, los populares aprovecharon todo lo que caía en sus manos por atizar las brasas de la confrontación y desgastar al Ejecutivo.

La realidad es que, hoy como ayer, el debate sobre los incendios sigue anclado en los problemas que plantea la extinción y en unas operaciones policiales que no acaban de dar los frutos deseados, más allá de aportar datos que, si bien interesantes, siguen engordando una casuística cada vez más heterogénea y fragmentaria, de muy difícil sistematización a la hora de establecer leyes que den cuenta de la regularidad y motivaciones de los actos incendiarios. A lo máximo que se ha llegado es a determinar que la mayoría de los fuegos, más del 85%, son intencionados; en la mayoría de los casos por decisión criminal.

La cuestión es que la eficiencia de las políticas de extinción tiene un límite previsible, marcado por lo excepcional e imprevisible en determinadas condiciones meteorológicas. La única certeza constatada es que cuando llueve, el monte no arde.

A su vez, las políticas de prevención encallan de manera permanente con la dura realidad de que limpiar cada año más de dos millones de hectáreas de monte sobrepasa en mucho la capacidad presupuestaria de la Administración para hacerle frente. Con lo que la prioridad deja de ser un objetivo políticamente asumible, y la voluntad se diluye en un utópico voluntarismo.

A corto plazo, no hay más alternativa que la extinción. A medio y largo plazo, hay soluciones estructurales y son conocidas. Pero aplicarlas requieren de un acuerdo político y social que trascienda de los colores y del ciclo electoral. Por eso seguimos sin tener una política forestal, una política agraria, una política medioambiental y una política territorial que hagan del monte gallego uno de sus grandes protagonistas. Todo se reduce a un apaga, y vámonos.