ES OBVIO que tanto Llamazares, Cayo Lara, Fernández Toxo y Cándido Méndez, como Pilar Bardem y sus titiriteros de la ceja, son muy libres de ejercer su derecho a la libertad de expresión como les pete. Me parece muy bien que exterioricen sus simpatías por el procesado juez Garzón, pues así sabemos dónde está cada uno, pero lo que ya no entra en lo que pueda serles lícito es en tachar de "fascistas" a los magistrados del Tribunal Supremo que juzgan al ínclito y renombrado juez. Lo mismo digo de esa minoría bullanguera del antifranquismo sobrevenido que cabalga a lomos de la "memoria histórica" de la Guerra Civil, resucitada y reinterpretada –a su manera– por el expresidente Zapatero, empeñado durante todo su mandato en aniquilar los valores cívicos y éticos de la Transición. ¿Es que a los socialistas de hoy les molesta la concordia a la que coadyuvaron sus cofrades de 1977-78?

Zapatero fue un desastre, pero esto de querer despertar al león dormido de la lucha fratricida entre los españoles, en un afán desmedido de revisionismo histórico, es imperdonable, y así se lo expresó la ciudadanía, entre otros motivos, el 20-N, fecha que pasará al glosario de la historia como el de la liberación de un necio y falaz regidor de la cosa pública. Cuando cesó, me propuse no ocuparme más de él, pero su ley de la memoria histórica ha sido la causa indirecta del procesamiento de Garzón, el segundo en asomar a la publicidad con el juez en el banquillo. Porque, en realidad, lo que ha tratado Garzón es convertir la Guerra Civil y el franquismo en un caso de delito de genocidio (un trampantojo monumental y unilateral), y así, por esta vía, asumiendo el papel de juez justiciero de los crímenes contra la humanidad, declararse competente y organizar una escandalera política a mayor gloria de su ego siempre insatisfecho.