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CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA

Ética y legalidad

12.04.2016 
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SOCIEDADES offshore. Estas dos palabras y la alusión a los ya famosamente conocidos como ‘papeles de Panamá’, se han convertido en el eje informativo de todos los medios de comunicación y de las conversaciones habituales de muchos ciudadanos en los últimos días. Políticos, realeza, artistas, y todo tipo de sujetos públicos han visto su nombre en estos papeles.
La coartada esgrimida por muchos de ellos: es legal. La pregunta que se hacen otros es la siguiente ¿es ético? Debemos preguntarnos si los responsables públicos están sujetos a la simple legalidad, o si, precisamente, por la especial función que desempeñan y la defensa del interés general que tienen encomendada, debe exigirse que se sometan a unos estándares de conducta que trasciendan la legalidad.
En los dos últimos años, pero en particular el último, se ha hablado mucho de transparencia y otras medidas de regeneración democrática para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Más allá de su eficacia, puesta en duda por la propia sociedad, en los recientes estudios de evaluación, el debate actual nos sitúa en un nivel superior al cumplimiento de la Ley de Transparencia. Nos sitúa ante la noción de ética pública, de buen gobierno, en definitiva, de un conjunto de valores y principios que impregnen la vida pública, que garanticen un comportamiento adecuado, no solo legal, de los representantes públicos.
A tal fin, códigos éticos, códigos de conducta o de buen gobierno, han ido consolidando su posición en la escena pública como herramientas de lucha contra la corrupción, en el sentido indicado de interiorización de la dimensión ética en la gestión pública. En el ámbito local destaca el ejemplo del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP, de 2009 y al que se han adherido numerosas entidades en el conjunto del Estado.
Son una medida positiva. Es necesario adoptar una línea de actuación que opere desde la prevención, no solo recurrir al Código Penal, que aparece cuando el daño ya está hecho, en un estilo puramente represivo. A estos efectos la autorregulación, mediante la imposición de normas propias en las que se recojan obligaciones de buen gobierno y estándares de conducta, con independencia de su denominación, constituyen un instrumento que puede resultar de gran utilidad. Los ciudadanos, individualmenteo articulados a través de agentes de la sociedad civil deben desempeñar un papel fundamental exigiendo este cumplimiento y a través de la fiscalización de la acción pública, para contribuir a la mejora del modelo.
Es legal. Ese es el argumento de los afectados por los papeles de Panamá que se han pronunciado. Pero su tono parece situarles ante el dilema moral de que su actuación no ha sido del todo apropiada. La dimisión del primer ministro de Islandia es un claro ejemplo. La sociedad debe decidir qué modelo de gobierno e instituciones quiere. Uno al que sólamente le preocupe el cumplimiento de las normas o, en el peor de los casos, que parezca que se cumplen, u otro conformado por representantes públicos caracterizados por un sólido marco de integridad institucional en su actuación y en su compromiso con la defensa del interés general. La respuesta parece clara.
Secretaria de Administración Local
y Codirectora de Red Localis