NO SÉ si escribir actualidad o cotidianeidad. El caso es que, a menudo, una u otra, se ofrecen dispara-

tadas, cuando no jocosas. Lo malo es que su jocosidad puede conducirnos al llanto. Al leer, día sí, día no, que los bancos necesitan tantos miles de miles de millones de euros, después de miles y miles de millones de dineros públicos invertidos en ellos, o que el mayor inversionista de un nuevo banco, surgido de la fusión de varias cajas de ahorro, es dueño de tan sólo cinco veces más dinero que el que se llevó de indemnización uno de sus altos ejecutivos; es decir, que las indemnizaciones pagadas a varios de ellos por no haber gestionado bien los dineros de sus inverso-

res (o por haberlos gestionado decididamente mal) superan en mucho la cifra de quien, en mayor medida que ningún otro inversor, arriesgó su dinero para que el banco funcionase, al leer tamaño dislate, el lector medio no sabe si descojonarse de risa o echarse directamente a llorar. Por bien menos dinero se mete en la cárcel a uno de esos que juegan con tres cubiletes y un grano de café manejados con precisa, ágil, fugaz y habilidosa prestidigitación; algo que al menos supone una preparación, un esfuerzo, gran autocontrol y, aún por encima, riesgo. ¿Qué sucede para que los tribunales no intervengan en estas otras prácticas?

Parece ser que se trata de un hecho comprobado que gran parte de los beneficios logrados por la banca española procede del cobro de comisiones injustificadas, cuando no directamente ilegales, derivadas de que la ciudadanía da por hecho que la honradez de la banca, su seriedad, son las mismas y acrisoladas de hasta hace treinta o cuarenta años. En función de tal creencia, de esa confianza basada en un rigor que se diría secular, nadie suele reclamar en ventanilla o sentado a la mesa de un apoderado. Cuando alguien se decide a hacerlo, se le devuelve de inmediato el dinero mal cobrado sin que el empleado que lo atienda se atreva ni siquiera a rechistarle lo más mínimo al reclamante.

Las preguntas que surgen de la posibilidad de que sea cierto esto que se comenta son del tenor de por qué la judicatura no actúa de oficio ante esto que, por llamarlo de algún modo, podremos tildar de cotidiano disparate. Y si no lo hace porque no puede, ¿qué clase de leyes tenemos que protegen y amparan tales prácticas? Ítem más: si esto fuese así, ¿por qué no se cambian esas leyes por otras más acordes con la realidad y con los tiempos? El Gobierno actual tiene una enorme responsabilidad entre sus manos. Se diría, por utilizar una expresión ciertamente algo brusca, pero real, que el país se le ha abierto de piernas, ofreciéndosele para que, sobre su cuerpo social, pueda llevar a cabo todas las prácticas legales posibles a fin de sacarlo de la postración en la que se halla. Es el momento de hacer las reformas que no lleven a tanta impunidad bancaria como la que padece el conjunto de la sociedad y poner las cosas en su sitio, visto y comprobado lo descolocadas que están. Ojalá no le falte decisión para hacerlo. Pero, por favor, que cese el disparate. Es hora de ello.

Escritor, Premio Nadal

y Nacional de Literatura