Las obras de la autovía del Barbanza no plantean ningún problema económico. La adjudicación de las mismas no supone ningún quebranto para las arcas de la hacienda gallega, según se desprende del análisis pormenorizado del proyecto, de las fases de ejecución y de las formas de pago y reembolso. No hay sombra alguna de que las cifras manejadas sean un trasunto de la ingeniería financiera. Nada de eso hay. Dicho sea esto desde una perspectiva netamente económica; en concreto, de costes.

Lo que sí hubo fue un cambio de adjudicatario de dichas obras: el nuevo Ejecutivo optó por otro distinto al que tenía previsto el Ejecutivo anterior. Cambio que ni fue fruto de un capricho personal de doña María José Caride ni del deseo de llevarle la contraria a su antecesor en la Consellería de Política Territorial, don Alberto Núñez Feijóo.

Las cuentas están claras y, desde luego, bastante más claras que el burdo montaje político que se está haciendo de una decisión administrativa cuyo objetivo no es otro más que el bien público, criterio que debe regir en las actuaciones de toda Administración pública. Aspecto axial que, para desgracia de los administrados, suele caer no pocas veces en el más inadmisible de los olvidos, sobre todo cuando otros intereses menos recomendables se sitúan por encima del principal. Del objetivamente principal.

Porque lo prioritario en la adjudicación de las obras de la autovía del Barbanza es conseguir las mayores cotas posibles de seguridad para los usuarios. Se da la circunstancia de que dicha vía era tristemente conocida por registrar uno de los más altos índices de mortalidad por accidentes de tráfico de toda España. Lo que creó una alarma social plenamente justificada, a la que por principio era obligado darle una respuesta coherente y eficaz por parte de la Consellería de Política Territorial. Esa prioridad está bien definida, al margen de los tejemanejes partidistas y de esas maneras impúdicas y amorales de convertir la política en un juego perverso del todo vale.

Es ese juego perverso del todo vale lo que la Justicia no puede impedir ni está en sus manos resolver. En ocasiones, lo paradójico de la judicialización de la política es precisamente esa doblez moral en la que incurre a sabiendas quien la utiliza para intentar destruir al adversario. En este caso, no hay que hacer ningún esfuerzo para entender que la víctima elegida es la señora Caride. Se percibió desde el primer momento y ese acoso ha continuado con una regularidad episódica.

No es cuestión de entrar a discutir las razones por las que la jueza admitió a trámite la denuncia. Mas resulta obvio que quien la interpuso ha manejado el tiempo en función de criterios electoralistas y buscando el eco en los medios de comunicación.

Desde el punto de vista administrativo, la actuación de los denunciados no parece presentar zona oscuras, susceptibles de actuaciones punibles. Más bien al contrario. En fin, habrá que esperar a que la Justicia diga la última palabra, pero no hay ninguna duda de que unos funcionarios y unos políticos responsables tenían que primar el criterio de seguridad en la adjudicación de las obras de la autovía del Barbanza. De no hacerlo así, no habrían obrado con arreglo a los principios que han de guiar las actuaciones de la Administración pública.