EN LA FAMILIA, como institución natural y fundamental de la sociedad, prevalece ahora la tradicional misión de la protección de sus allegados. En momento de grave crisis como la que estamos viviendo, la familia protege frente a los efectos dramáticos del paro, la margina-ción social y la pobreza.

Muchos padres, y entre ellos algunos pensionistas con escasos recursos, acogen a sus hijos y a sus familias en sus hogares cuando se han quedado sin techo. De la obligación social de ser protegidas se convierten ahora en protectoras. A ello contribuye la necesidad de recurrir a la solidaridad afectiva frente a la desprotección de los entes públicos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra esta protección (artículo 16.3) que la Constitución española traduce en su artículo 39: "Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia".

Las actuales tendencias disgregadoras de la familia quieren sustituir los principios jurídicos de la familia, como son los deberes matrimoniales y paterno filiales y la necesaria estabilidad, por criterios acomodaticios e irresponsables como la convivencia temporal y la afectividad.

Se ignoran los vínculos de afinidad y consanguinidad y se destruyen los principios de autoridad y jerarquía familiar. El Derecho de Familia (al que se pretende privar incluso de su documento de identidad) se mantiene y se independiza del Derecho Civil para ser un Derecho Autónomo en la doctrina, legislación y en los procesos judiciales, y permanece fuertemente enraizado en los vínculos permanentes de la vida y del amor.

Ex rector de la Universidade de Santiago