El presidente Feijóo ha confirmado en sede parlamentaria lo que desde hace ya un tiempo era una sospecha a voces: huye del presente, no concreta el futuro y desdice el pasado. En suma, a poco que se entra a analizarlas en conjunto, sus propuestas resultan contradictorias en las premisas y aleatorias en los objetivos.

Un ejemplo. El Gobierno popular recorta en plena crisis económica las inversiones en infraestructuras y el gasto en educación y sanidad públicas, y ralentiza la aplicación de la ley de la dependencia. Lo que se traduce en una caída de la actividad económica y del empleo, que en parte se podía haber evitado si la Xunta no hubiese renunciado a endudarse 1 puntos más, sin que ello le supusiese rebasar el límite marcado por la legislación estatal. El alto coste de esa decisión política explicita lo dicho: no asume la realidad del presente, oculta el pasado y fía a un incierto futuro la resolución del problema.

Acuciado por las críticas y la proximidad del debate sobre la situación del país, el Gobierno anuncia la creación de miles de puestos de trabajo en éste y los próximos años, la mayoría de ellos dedicados a servicios sociales, cuya gestión no será pública sino privada, pero cuyo gasto corre a cargo de los presupuestos de la comunidad autónoma. Ello le permite, además, lanzar un mensaje a las mujeres, coincidiendo con fecha tan señalada como la celebración del Día da Muller, de que buena parte de esos puestos de trabajo serán ocupados por ellas. Lo que de paso invita a una lectura electoral.

Y de nuevo hay algo que no cuadra. Porque cómo encaja en una política presupuestaria de recorte de la inversión y del gasto corriente, que de repente se haga prioritario el gasto en servicios sociales vinculados a la aplicación de la Ley de la Dependencia. ¿Qué otras partidas del presupuesto serán recortadas a fin de dar cobertura a esas promesas? Porque, a su vez, el presidente de la Xunta anuncia su disposición a que Galicia renuncie a beneficiarse del aumento del IVA en algunos supuestos, es decir, a recaudar más.

Es difícil no estar de acuerdo con el jefe del Gobierno en que dos de los principales problemas de Galicia son el demográfico y los usos del territorio. Sin duda. Pero las diferencias empiezan desde el mismo momento en que se interrelaciona estructura de la población con la estructura del territorio. Esas diferencias son de calado, como bien sabe unos y otros, y tienen una génesis cultural y educativa, así como de compromiso, que marcan cualquier protocolo posterior.

El punto de encuentro tendría que ser el galleguismo. Pero basta el botón de muestra del decreto de normalización lingüística, así como la reinterpretación que los nuevos gobernantes hacen del galleguismo, para percatarse de que está siendo utilizado más como un espacio de contienda partidista que de diálogo posible. En esa tesitura de confrontación, el pacto se siente excluido.

La inconcreción de las cien medidas presentadas por el presidente, sugiere que el Ejecutivo parece confiar más en el fetichismo propagandístico del número que en la bondad del repertorio. Pues qué perspectivas de futuro se le pueden ofrecer a la sociedad gallega desde un presente en el que la a­cción de la Xunta se disuelve en una panoplia de enunciados que bien podrían agruparse bajo el conocido cartel de "Todo a cien".

LPOUSA@ELCORREOGALLEGO.ES