Sobre las cajas hay muchas ideas dignas de consideración. Van desde la privatización mediante diversos mecanismos, hasta su agrupación de acuerdo con diferentes criterios, que incluyen fusiones dentro de una misma comunidad, o con entidades de fuera. El abanico es amplio y las cajas gallegas podrían encontrar acomodo en cualquier modalidad que se plantee.

Se requiere sin embargo una condición para que esa transformación cajera no afecte al equilibrio territorial, ya seriamente dañado con la financiación autonómica. Se trata de la homogeneidad. Ha de haber un modelo. Puede ser el de un mestizaje financiero entre entidades con distinto lugar de nacimiento, o el de grandes cajas regionales. El caso es que el esquema se aplique por igual en Galicia, Cataluña o Andalucía.

La misión de definirlo corresponde al Gobierno central y al Banco de España. Pero no lo hacen. Como sucede con las reformas de los estatutos y la citada financiación, la Administración responsable se inhibe, hipotecada como está por pactos que no tienen que ver con el sistema financiero, sino con la debilidad política.

La consecuencia es que el papel arbitral del Gobierno se transforma en arbitrario. No hace lo que tiene que hacer, y sin embargo utiliza sus poderes para castigar a quien le place. El guión de los estatutos y la financiación se repite cuando toca reordenar el mapa de las cajas. La complacencia con el nacionalismo catalán o el socialismo andaluz se convierte en severidad con Galicia. En cada comunidad el libreto es diferente. Aquí las fusiones son buenas y allí malas. En este sitio se aceptan leyes intervencionistas, mientras que en aquel otro se invoca un sedicente liberalismo.

El Gobierno toma el aspecto de perro del hortelano. No come; es decir, no es capaz de ejercer sus funciones e impulsar modelos nacionales en educación, emigración, estatutos, financiación o cajas. Pero tampoco deja comer. Cuando una comunidad no adicta toma nota de la situación y emprende su camino, zas, el recurso.

Galicia puede estar a punto de perder su enésima batalla económica. De producirse, se trataría de una derrota con características distintas a las recientes, pero similar a las que ocurrieron en tiempos más lejanos. En la pugna cuyo desenlace fue la pérdida de Fenosa hubo ingredientes políticos, pero lo esencial fue la incapacidad de parte de nuestro capitalismo para actuar de forma decidida.

En la lucha de las cajas, el factor político (habría que decir más bien gubernamental) es determinante. En resumidas cuentas, el recurso contra la ley gallega llevará la firma del Gobierno central. Hay un claro paralelismo entre la guerra de las fusiones y la de las reconversiones industriales de antaño.

En la decisión de reconvertir los astilleros de aquí y no los de allá no influyeron productividades ni cualificaciones, sino el deseo de primar a unos territorios y dejar otros a la intemperie. Cambien astilleros por cajas, y nos encontraremos con la situación actual. La reconversión, tal como se está planteando, tampoco responde a un plan ecuánime.

De ahí que la posición del Gobierno Zapatero sea ahora tan difícil de explicar como lo fue en su día la del Gobierno de González. Las quejas galaicas carecerían de fundamento si se midiera a todos por el mismo recurso, de acuerdo con una pauta que se aplicara por igual en toda España. Lo malo es que tal igualdad ni está, ni se le espera. Estamos ante la segunda reconversión , según parece, van a perder los mismos.

CLRODRIGUEZ@ELCORREOGALLEGO.ES