ENTRE las muestras de desprecio al pueblo de que tanto gozan los de arriba destaca por deméritos propios la amnistía fiscal aprobada por este Gobierno. Cuando la perpetraron los socialistas, los pusieron a caldo y tenían razón.

Está fuera de discusión que los ciudadanos tenemos que contribuir, cada uno según sus rentas y patrimonio (capacidad de pago) al mantenimiento de unos servicios públicos acordes con las exigencias del tiempo en que vivimos y el nivel económico del país. Por mucho que les duela el bolsillo a los neoliberales, el Estado no puede permitir que nadie se conceda licencia para desentenderse de esta obligación.

La defraudación fiscal es una práctica de picaresca mayor que una sociedad sana no puede sino considerar delito de lesa convivencia y exigir medidas para su erradicación, por cuestión de principios y por eficacia. Su volumen estimado es de unos 80.000 millones anuales, cantidad que permitiría atender con decoro las necesidades básicas de la población que no puede satisfacerlas por sí misma. La amnistía que se tramita ahora aspira a recaudar a unos 2.500 millones de euros, ingreso ridículo si se compara con lo que se escapa. Clama al cielo la injusticia que supone dar facilidades escandalosas y ofensivas a los defraudadores, mientras se suben los impuestos a los que cumplen honrada y puntualmente con Hacienda.

Un país que permite el fraude fiscal a gran escala es un país de cuya seriedad y solvencia cabe sospechar con fundamento. Eso encarece la deuda.

Profesor titular de Latín