En la primera mesa redonda, celebrada el pasado miércoles, día 21, en Santiago, de un ciclo de debate en torno al territorio, promovido por la Fundación Araguaney, Carlos Mella, ex vicepresidente de la Xunta y ex conselleiro de Economía en la etapa presidencial de Gerardo Fernández Albor, ponía de relieve las diferencias, conceptuales y de definición, que existen entre territorio, suelo y espacio, así como la pugna que hay en curso entre los poderes públicos y los poderes privados por controlar sus usos. Mella es de la opinión que, al menos hasta ahora, los poderes privados se están imponiendo a los públicos por la vía de los hechos consumados.

En Galicia hay muchos ejemplos a la vista, demasiados, que avalan la opinión de Mella. Sin embargo, en los últimos meses se están produciendo una serie de actuaciones, tanto por parte de las consellerías -fundamentalmente las de Política Territorial y Medio Ambiente- implicadas en la defensa del territorio como de las autoridades judiciales, que intentan poner las cosas en orden, a partir de la reasunción de los recursos naturales, materiales y medioambientales, como elementos indispensables de una nueva forma de manejar el crecimiento económico y factor determinante de los niveles de bienestar.

En línea con todo lo anterior, son cada vez los economistas que comparten, con el profesor Juan Antonio Vázquez García, la idea de que "la conciencia de la importancia de este factor productivo, la emergencia de los problemas de limitación y de uso eficiente de lo recursos y la creciente sensibilización en torno a ellos, han llevado incluso a nuevos desarrollos teóricos y analíticos que han dado lugar a la economía de los recursos y la economía ambiental".

Si se repasa con un mínimo espíritu crítico las agresiones que, hasta fechas relativamente recientes, ha sufrido el territorio gallego, se llega a la conclusión de que las distintas administraciones concernidas han estado mirando para otro lado, si no colaborando con los autores.

La construcción urbanística salvaje a pie de mar, la invasión de zonas clasificadas como Red Natura 2000, el escaso cuidado del entorno natural del monte con el que fueron levantados buena parte de los parques eólicos, la persistente contaminación de las cuencas fluviales o la concesión masiva de ubicación de minicentrales hidroeléctricas en los cursos de los ríos, son partes visibles de un voluminoso rosario de actuaciones administrativas en favor de intereses privados y en perjuicio de los intereses públicos.

Actuaciones en las que también abundan conductas irregulares y sombras de ilegalidad.

Lo más reciente, en este sentido, es la denuncia presentada por la Fiscalía, ante el Juzgado de Instrucción Decano de A Coruña, contra Ramón Ordás (ex alto cargo de la Consellería de Industria en la etapa de Gobierno de Manuel Fraga), por un presunto delito de tráfico de influencias, al conceder 16 licencias para minicentrales hidroeléctricas y parques eólicos a su cuñado, Luis Castro Valdivia.

Además de la vertiente judicial y política, la proximidad de los comicios locales le confiere a la noticia una lectura electoral. Así, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se queja de que el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, por aquel entonces vicepresidente del Gobierno gallego, "no se dé por enterado".

Por su parte, Núñez Feijóo le exige a la Justicia que investigue todo lo relacionado con el caso de las hidroeléctricas son para el cuñado, así como a todas aquellas personas que pudieran estar implicadas en él, "porque puede resultar muy interesante".

De forma velada, el jefe de la oposición alude así a aquellas informaciones que vinculan al ex alcalde de A Coruña y ahora embajador en la Santa Sede, Francisco Vázquez, y al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla. Dos nombres sobre los que Touriño no se quiere pronunciar. No obstante, el fiscal José Ramón Piñol aclaró que no dispone de datos que impliquen a terceras personas, por lo que niega que la investigación en marcha afecte, en este momento, a Vázquez y Fontenla.

En otro plano, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, acusa a los populares gallegos de haber utilizado los recursos naturales "como si fuesen un terreno particular para el reparto de prebendas", durante su ciclo largo (1990-2005) en el Gobierno autonómico.

Esa sensación es compartida por los representantes de las asociaciones ecologistas, quienes en su momento ya denunciaron públicamente el abuso con el que, según ellas, fueran concedidas las minicentrales en los ríos, la permisividad oficial que hubo en la invasión de terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000 o la escasa sensibilidad con la que se determinó la ubicación de los aerogeneradores en los montes gallegos y la especulación que se dio con varias de estas concesiones.

"En realidad, aquí no hubo una política de defensa de la naturaleza ni de aprecio hacia el espacio público", aseguran.