EL ARTÍCULO de ayer provocó, lógicamente, todo tipo de reacciones. Incluso alguna que hace precisa una aclaración. Por mí que no quede. El mayor accionista privado al que se hacía referencia en el artículo citado es don Manuel Añón Rey. La cifra que al parecer invirtió en la entidad que con el tiempo se daría en llamar Novagalicia Banco es del orden de cien millones de euros y las cifras a la que alude en una entrevista publicada en el periódico coruñés por antonomasia son del orden de quince, veinte, dieciocho o doce millones de euros percibidas por algunos de sus ex altos cargos. Sumadas dan un total de sesenta y cinco millones de euros. Algo pasa en este país cuando un señor se pasa ahorrando toda su vida, invierte una parte de sus ganancias en una entidad bancaria, esta inversión lo convierte en su mayor accionista privado y, de ser ciertas las cifras que cita en la entrevista que se comenta, el sesenta y cinco por ciento de ella sólo sirve para atender a las indemnizaciones de cuatro señores que, dicho en lenguaje popular, se van de rositas y como si aquí no pasara nada.

¿Qué sucede en nuestra legislación para que este tipo de cosas puedan suceder? En un sistema tan netamente capitalista como es el norteamericano, los políticos han puesto coto a los beneficios de los bancos y a las indemnizaciones y/o bonificaciones de sus altos ejecutivos. ¿Cuál es el límite en España? ¿Existe, o bien se trata de una frontera sino ilimitada, digamos que sí imprecisa? En otro o en el mismo orden de cosas, no se han visto grandes referencias al indulto concedido por el anterior Gobierno al consejero delegado del considerado mayor banco europeo en la actualidad; indulto concedido a despecho de lo dictaminado por la más alta magistratura jurídica del país y de espaldas a todo tipo de comportamiento ético esperable.

Se escribió ayer aquí acerca del arte de los trileros y de la facilidad con la que eran condenados a penas de cárcel. Hace cuarenta o cincuenta años, también menos, un robagallinas, término aplicable en aquellos tiempos, acaso igualmente en estos, a quien realizase robos de poca monta, dedicados a la obtención de los mínimos alimentos necesarios para subsistir, por manifiesta incapacidad de lograrlos por métodos legales, sin duda que también podía ir a la cárcel. Pero entonces, un apoderado de banca, por el mero hecho de darle al naipe o no pagar sus deudas en tiempo y forma era amablemente invitado al abandono de sus funciones. ¿Qué ha sucedido para tamaño deterioro de la ética bancaria, también de la jurídica, como de un modo u otro se señalaba ayer, y del ejercicio de la gobernación, que ahora se muestra tan obsceno como para indultar de modo tan señalado como lo hizo a tan profundo conocedor de este tipo de ética elástica iniciada, como poco, en el conocido como caso Banesto, para que hoy el cuerpo social acepte todo ello sin apenas valorarlo, como ya aprendió a hacer entonces? Busquemos cada uno la explicación dentro de nosotros mismos. A ver si así la encontramos.

Escritor, Premio Nadal

y Nacional de Literatura