"Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible". Esta famosa sentencia propia de los liberales del siglo XIX tiene cada vez mayor actualidad. Por un lado, porque, en efecto, la libertad no puede ser, no es en sí misma absoluta. Existen límites obvios que todos conocemos y experimentamos. Y, por otro lado, la intervención pública, necesaria, no puede convertirse, en la batuta que rija las actividades humanas. El mercado precisa de límites. Es más, sin límites no sería un mercado humano, sería un mercado animal, un mercado desprovisto de reglas en el que el beneficio por el beneficio campe a sus espaldas sin cortapisa alguna. Esos límites, ordinariamente se establecen a través de organismo públicos como la comisión del mercado de valores o las comisiones de energía, de la competencia, o de las telecomunicaciones, que tratan de regular el mercado para que actúe en un marco de racionalidad y objetividad abierto a la solidaridad. Sin ir más lejos, una de las causas de la crisis económica y financiera que azota al mundo global se encuentra en la pretensión de autorregulación del mercado que defendieron una serie de economistas que hoy lamentan seriamente. El mercado precisa de intervención. Pero de una intervención que no se convierta en la dueña del mercado ni que intente dirigir la actividad económica. Por tanto, intervención. Por supuesto. Pero intervención para garantizar la libertad económica desde unos parámetros de racionalidad. En este tiempo, por ejemplo, hemos asistido a toda una serie de disparates descomunales tales como los multimillonarios bonus de los ejecutivos o el diseño de prototipos de ingeniera financiera que, por su apariencia de realidad, colapsaron el sistema financiero. El mercado necesita de reglas, necesita racionalidad y objetividad. Por ejemplo, en el Reino Unido están preparando una ley que permita al regulador financiero, allí se llama Autoridad Británica de Servicios Financieros, actuar en el mercado financiero ante prácticas de riesgo que puedan poner en cuestión la estabilidad financiera. Ese proyecto de ley permite a esta Autoridad británica impedir bonificaciones desproporcionadas para los ejecutivos y posibilitar a los consumidores asociarse para interponer acciones legales conjuntas contra los bancos.

La cuestión reside en que la Autoridad Británica de Servicios Financieros ha de actuar con racionalidad y motivando suficientemente sus decisiones para evitar la sospecha de arbitrariedad o de intervencionismo. El ministro del ramo, Alistair Darling ha dicho, para justificar esta reforma, algo obvio pero que por su evidencia en ocasiones pasa desapercibido. Los ciudadanos hemos sido quienes hemos rescatado a los bancos, por lo que los directivos del sector financiero deben ser conscientes de ello y actuar en consecuencia. Si, por el contrario, se actuara como si el gran salvador del sistema fuera el gobierno y el partido que lo sostiene y los bancos se dedicaran fundamentalmente a mantener el sistema de partidos en detrimento de los créditos a las familias y a los pequeños empresarios, algo muy grave, de inevitables consecuencias podría estar alumbrándose. Esperemos, pues, que se asuma la realidad con serenidad que es el trato que merecen las familias y los empresarios.