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Lunes 24.11.2014  | Actualizado 20.50 Hemeroteca web  |  RSS   RSS

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LUIS POUSA

La luz más cara de Europa

POR CUARTA vez consecutiva en menos de un año, el Gobierno, los consumidores -empresas y hogares- tendrán que asumir un aumento de precios de la energía eléctrica entre el 3 y el 8 por ciento tan pronto comience 2013, como consecuencia de la subasta entre las compañías eléctricas celebrada el pasado 21 de diciembre. El tarifazo no es una buena noticia.

No lo es porque sin contar con la nueva tarifa que empezará a aplicarse el próximo año, en los últimos siete años los precios de la luz han subido en España más de un 70 por ciento: son los más altos de la Unión Europea -según Eurostat, en el primer semestre de 2012 solo en Malta y Chipre estaban por encima-, y eso afecta muy negativamente a la competitividad de la economía española.

Las empresas no pueden funcionar sin trabajadores, sin acceso al crédito y sin energía eléctrica. Consecuentemente, resulta de vital importancia contar con un sector eléctrico eficiente y que perciba una retribución equilibrada. Lo que no es el caso: como ya hemos dicho antes, el consumidor español, sea familia o empresa, paga unos precios muy altos por el recibo de la luz.

A diferencia de otros sectores industriales o de servicios, no hay ninguna posibilidad técnica o económica de abastecer la demanda total de energía eléctrica mediante una sola forma de generación. Eso obliga a recurrir a diversas tecnologías con características y costes distintos. Lo que hace que los márgenes operativos difieran de unas a otras. Y eso lleva a que unas no cubran los costes medios y otras lo hagan incluso en exceso, caso de las nucleares y las hidroeléctricas, que son las que se están beneficiando del absurdo modelo tarifario que rige en España.

Tan absurdo como que, a partir de la reforma regulatoria de 1997 del sector eléctrico, los precios al consumo se han disparado y, pese a ello, se ha generado una deuda de los consumidores con la compañías eléctricas que en estos momentos ronda los 24.000 millones de euros. Los intereses de esa deuda -denominada déficit tarifario- también son costeados por el Estado con cargo al erario público.

Se trata de un modelo que socializa pérdidas y privatiza beneficios. Y que el ministro de Industria pretende reestructurar por la vía errónea de hacerle pagar los platos rotos a las energías renovables. Cuando, tanto desde la perspectiva de la eficiencia como de la competitividad, los aumentos futuros del déficit tarifario deberían atajarse "mediante una revisión a la baja de los costes reconocidos a la generación nuclear e hidroeléctrica, y no a través del freno al cambio de modelo productivo que viene de la mano de las energías renovables" (Natalia Fabra y Jorge Fabra, Deusto, 2012).

Con su política eléctrica, el ministro Soria está cargándose el objetivo de que en 2015-2020 las renovables alcancen costes inferiores a las térmicas convencionales y contribuyan a mejorar la calidad del medioambiente.

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