Hay algo que, aparentemente, debería estar muy claro, pero quizá no lo está o lo está menos de lo que se necesita para afrontar el cambio del modelo de crecimiento de la economía española: el turismo y el sector inmobiliario no pueden ser sus grandes soportes, porque ya han dado de sí más de lo que podían dar, y la lenta salida de la recesión que estamos viviendo obedece a que el ajuste en la construcción todavía no ha finalizado y el sector financiero sigue destinando recursos masivos antes a aprovisionar sus arcas que a facilitar créditos a las empresas y a las familias. En consecuencia, la demanda interna sigue contraída, el PIB no crece y el paro aumenta. A corto plazo, hay muy pocas dudas de cuáles son las prioridades.

Pero no por eso el Gobierno debe olvidar el medio y largo plazo, salvo que lo que queramos sea volver a repetir el ciclo anterior y que a una burbuja le suceda otra. En ese sentido, el anteproyecto de ley de Economía Sostenible, que fija el horizonte de sus propósitos en el año 2020, tiene la virtud de que, nada más haber sido presentado a grandes rasgos, ya ha despertado un interesante debate de ideas. Hablo de debate, no de actitudes tan desafortunadas como las de Cristobal Montoro y otros compañero suyos del PP, que antes de conocerse públicamente el contenido de la propuesta, ya la estaban descalificando, por "franquista".

Pero a quién reclamar un mínimo de rigor, cuando hasta Mariano Rajoy se deja seducir por la demagogia extrema, y larga por su boca lo mucho que se ha endeudado el Estado en comparación a los empresarios y las familias, cuando ese es precisamente uno de los rasgos de las fases recesivas en comparación a las fases expansivas, en todos los países. De no ser por eso, por la intervención pública, los efectos de la crisis serían mucho peores a todos los niveles, y si no que se lo pregunten a las fábricas de automóviles y a los concesionarios, a los parados que terminaron el seguro del desempleo y continúan cobrando o a quienes gracias al Plan E han podido trabajar.

Una de las claves de una economía sostenible es la política energética. Pues bien, la política energética europea, con la referencia puesta también en el año 2020, se articula en torno a tres ejes: asegurar el suministro energético, lo que obliga a multiplicar las infraestructuras e interconexiones dentro de la UE; mejorar la competitividad, por lo que habrá que reducir los costes y los precios del suministro; y que el crecimiento económico sea sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Con esa perspectiva, la apuesta del Gobierno español por una economía sostenible pone el acento en las energías renovables.

Existe el peligro, ya denunciado por algunos expertos, de que las primas de las que aún gozan las energías renovables puedan provocar una burbuja similar a la inmobiliaria; no obstante, las mejoras técnicas, particularmente en la eólica, introducidas gracias a esas ayudas, han sido enormes, y el desarrollo de una red de interconexiones amplia y fuerte redundará en una mejor gestión de las energías renovables.

Como telón de fondo está la cuestión de potenciar el crecimiento económico sin que al mismo tiempo aumente en paralelo el consumo de energía. Algo que es perfectamente conseguible con políticas adecuadas.

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