Literalmente, la idea era cargarse a Sadam Husein, con el fin de afianzar el unilateralismo y acabar con el multilateralismo e imponer la dialéctica del más fuerte contra el más débil, aparte de controlar el maná de los recursos petrolíferos del país. Esa era la idea, y a partir de ahí se buscaron las razones que justificaran la invasion de Irak.

A diferencia de Afganistán, donde la connivencia de los talibanes con las redes de Al Qaeda convierten sus montañas en uno de los santuarios inexpugables de los terroristas, la invasión por legítima defensa no era aplicable a Irak, de ahí que la ONU se opusiese por cuanto suponía una violación del jus ad bellum, a las que posteriormente se añadieron la continuas violaciones del jus in bello (un ejemplo, la muerte del cámara de televisión José Couso, cuando estaba grabando una escena de la guerra desde la ventana de la habitación de un hotel).

Tampoco los servicios de inspección de la ONU fueron capaces de encontrar los arsenales de armas de destrucción masiva ni la existencia de uranio enriquecido que, al parecer, si habían visto los agentes de la CIA (cuya versión quedó desmentida en la práctica, pues estaba basada en rumores y no en datos constatados sobre ese extremo).

En fin. Sirva lo anterior no para establecer una comparación literal, ya que no tiene sentido, con cómo se está llevando la pretensión de fusionar las dos cajas de ahorro gallegas, pero sí para entrever la lógica inicial que marca todo el proceso hasta la fecha.

Pues es al caso que la decisión de anexionar una entidad de ahorro a la otra es apriorística y nace de un entendimiento a tres bandas entre intereses políticos, mediáticos y financieros. Núcleo duro que sería el primer beneficiario de esa operación si sale adelante, y en el que por razones obvias no están incluidos quienes representan a la otra parte objeto de la decisión.

Eso explica por qué un medio de comunicación se arroga el papel de actuar como punta de lanza de dicha operación, y, con el descaro que le caracteriza, hace un planteamiento en términos de que la caja más grande absorba a la más pequeña, sin entrar en aquellas cuestiones técnicas que han de justificar una resolución de esa naturaleza. Antes al contrario, se apela a la galleguidad como tautología que hace recaer sobre los dirigentes de Caixanova la responsabilidad de un resultado no apetecido.

A su vez, la Xunta opta por conducir el proceso desde una actitud de neutralidad aparente y mediante una absoluta falta de transparencia cara la opinión pública sobre un documento cuyo contenido no se publicita y cuya autoría se oculta. Es obvio que el sentido del documento no puede ser contrario al de la decisión previa que da pie a su solicitud. Pero, además, el propio presidente, cambiando de criterio respecto a lo que había asegurado semanas atrás, anuncia una reforma de la Lei de Caixas que dé más presencia al poder autonómico en los consejos de administración de esas entidades.

Tal y como se ha llevado esto, nada menos amigable que exigirle a Caixanova que acepte una propuesta planteada en términos imperativos, con el objetivo fijado a sus espaldas y con un discurso que amenaza la autonomía de decisión de sus órganos rectores. Quizás hubiere otras formas menos burdas de plantear el encuentro de las dos cajas.

LPOUSA@ELCORREOGALLEGO.ES