Hay que reconocer que a José Luis Baltar Pumar le asiste la fuerza de la razón del Estado de Derecho y la democracia misma -todos los ciudadanos son políticamente iguales- para advertir que no es constitucional "vetar a alguien por su apellido", pero en su caso y dada su trayectoria, tampoco es para extrañarse porque haya muchos que interpreten, sin necesidad de negar lo anterior, que la frase más ajustada al caso, y probablemente implícita en la admonición paterna, es como sigue: "No es constitucional vetar a alguien por su apellido, y todavía menos lo es vetar a mi hijo".

Yo no diría que los Baltar aspiran a instituir en el PP de la provincia de Ourense una monarquía, cuyos miembros no sean designados mediante sufragio universal libre, directo y secreto, sino por herencia genética. Simplemente, la familia ha llegado a la conclusión de que atesoran un amplio patrimonio de poder político, ganado a pulso pueblo a pueblo, parroquia a parroquia, casa a casa, y que dicho patrimonio les pertenece, es indivisible e inembargable, pero transferible por vía directa con el respaldo de la asamblea soberana. O dicho de otra manera, se trata de un ejercicio de soberanía, sancionado y legitimado por la voluntad popular.

Porque eso es precisamente lo que está reclamando Baltar sénior y Baltasar júnior, su soberanía. Soberanía para que los populares ourensanos decidan quién relevará al actual presidente del PP de Ourense, sin que por el medio surjan interferencias del presidente regional del partido, Alberto Núñez Feijóo, o incluso de Génova 13.

Cuando el principio de soberanía incumple las reglas de oro de la democracia interna, al no conceder las mismas condiciones de partida a otros candidatos y condicionar ab initio la formación de la voluntad mayoritaria de las bases, el proceso se ensombrece y aquél aparece como coartada legitimadora frente a las demandas de libertad para decidir y votar libremente.

Pero la cosa no se juega en el terreno de quién tiene más escrúpulos democráticos, sino en el de la lucha pura y dura por el poder, dentro del formato que, formalmente, emplea el PP para dirimir este tipo de competiciones. Quizá la pregunta que cabría hacerse sea la siguiente:

¿Los militantes del PP ourensano están por la labor de que un Baltar suceda a otro Baltar en la jefatura provincial, en la medida que ello les garantiza un elevado grado de estabilidad y continuidad en el reparto del poder existente actualmente, o, por el contrario, prefieren que Feijóo intervenga e imponga la renovación del actual aparato dirigente en Ourense con personas de su plena confianza, que anteponen la fidelidad personal al ejercicio de aquella soberanía política?

Claro que también es posible que unos y otros lleguen a fórmulas más o menos intermedias, en las que los intereses de ambos queden mínimamente salvaguardados. En teoría, esta es la fórmula propia de una posición reformista, a caballo entre la continuidad y el cambio.

La vía reformista, aunque no satisfaga plenamente a unos y otros, tiende puentes de encuentro. No así la continuidad ni el cambio. Bien es cierto que las tres opciones han de juzgarse no tanto desde la perspectiva interna, como desde el contraste con la dinámica de la sociedad de electores.

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