No se entiende a cuento de qué viene esa consigna de achacarle a José Blanco, ministro de Fomento, una maniobra teledirigida desde Madrid para que las dos cajas gallegas no se fusionen y entregar la de norte a Caja Madrid y la del sur a La Caixa. Más bien ese modelo coincide de pe a pa con el que defiende Cristóbal Montoro y otros conocidos liberales del PP, sin que Mariano Rajoy sepa muy bien a qué carta quedarse, y haya consentido en que en Galicia Alberto Núñez Feijóo juegue sus propias bazas según requieran las circunstancias.

Los malos momentos que atraviesan algunas cajas de ahorro, como consecuencia del excesivo peso que tenía en sus balances el negocio del ladrillo y la devolución en próximas fechas de los créditos recibidos de varias entidades financieras europeas para hacerle frente a aquellas mareas de demanda de préstamos hipotecarios que, en algunos casos, degeneraron en una orgía de tasaciones por encima del valor nominal de los inmuebles, ha envalentonado a quienes desde hace mucho tiempo se la tienen jurada.

El acoso a las cajas dura ya muchos años y se remonta a 1977, cuando Enrique Fuentes Quintana acometió una profunda reforma que en términos de operatividad las situó a la par que los bancos. El primero paso que dio luz verde a su expansión fue la autorización, en 1979, para que pudiesen abrir oficinas en cualquier punto de la comunidad autónoma donde tenían su origen.

A partir de ahí, la deriva lógica de esa medida aperturista no se detuvo en los límites intraterritoriales, y en 1989 la Administración asumió la evidencia de la extraterritorialidad, es decir, las cajas podían estar allá donde fueren. Conclusión: la realidad se impuso a los corsés por ese lado, y por el otro acentuó el protagonismo de aquellas como instrumento financiero de las comunidades autónomas donde asientan sus raíces.

Desde esas fechas, la tensión por el control político de las cajas desde las instancias autonómicas no ha parado de aumentar. Pero tampoco han cedido un ápice las apetencias de los bancos por acceder a la base de clientes de las cajas. Y la vía más certera y eficiente para conseguir hacerse con las cajas es privatizándolas, pues es la manera de hacerlas vendibles y comprables. Además de los bancos, la privatización de las cajas es una medida afortunada para los mercados bursátiles, pues ayudaría a consolidar las bolsas españolas con una inyección de no menos de 120.000 millones de euros.

No confundamos, el proceso de bancarización que auspicia Manuel Fernández Ordóñez requiere reducir el mapa de cajas, para que luego las más potentes acuerden uniones con los grandes bancos españoles a fin de conformar grupos financieros con dimensión mundial. Ahí el tamaño manda.

Hay varios contextos. Y en el que corresponde situar la fusión de las cajas gallegas, lo decisivo para defender la viabilidad financiera no es tanto el tamaño, como la fortaleza que confiere un proyecto solvente y eficiente. Y esa cuestión no se soluciona con prisas de última hora y poniendo todo patas arriba. Pachi Vázquez acierta al pedir un debate sosegado en la reforma de la ley gallega de cajas, sobre todo cuando existen discrepancias en cuestiones que atañen a la composición de los órganos de decisión de las cajas y al sesgo político que se le quiere dar.

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