"EN RELACIÓN con el resto de servicios públicos, la sanidad se percibe como el que ha mejorado más en los últimos quince años, el más universal y con menores dificultades de acceso, el más útil y necesario (junto a las pensiones), y el mejor gestionado. Asimismo, se considera que es el servicio que mejor se corresponde con la cuantía de los impuestos que se pagan y el que más justifica el pago de los mismos, con mucha diferencia respecto al resto. Pero también se considera que es el servicio en el que existe mayor margen de mejora y del que se hace peor utilización". Tan largo párrafo está recogido del informe 01/2010 Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social en el sistema sanitario, elaborado por el Consejo Económico y Social, publicado a finales de 2010, en el que se hace eco de un extenso trabajo del Instituto de Estudios Fiscales sobre las Opiniones y actitudes fiscales de los españoles.

Dichos informes revisten un especial interés porque someten a evaluación el sistema sanitario público desde la perspectiva de los administrados, y no sólo desde la de los administradores.

Con harta frecuencia, los gobernantes optan por otorgarle la primacía de sus decisiones a una defensa de la Administración que relega a un segundo término a los contribuyentes (los ciudadanos). Y, además, suelen presentar su toma de decisiones como un ejercicio de responsabilidad en favor de la pervivencia del sistema nacional de salud y, por lo mismo, en beneficio de los usuarios. No es así.

Cuesta trabajo creer que la aplicación de unas medidas que recortan servicios y prestaciones no vaya en menoscabo de la calidad y equidad del servicio. Tanto más cuanto esas medidas afectan en mayor medida a las rentas más bajas, a quienes tienen más edad y a quienes sufren enfermedades crónicas.

Es el caso del medicamentazo, merced al cual el Ministerio de Sanidad excluye la financiación pública de 450 fármacos, que podrán ser recetados por los médicos, pero que serán totalmente pagados por los enfermos. El estudio que apoya tal propuesta no se interesa por el impacto que tendrá la misma sobre los pacientes; admite, en cambio, que ocasionará un "perjuicio moderado o importante" a las empresas farmacéuticas.

Lo que motiva el medicamentazo es el ahorro de 440 millones de euros, para financiar "las nuevas terapias". Pero eso no supone un aumento de la eficacia y eficiencia del sistema sanitario, sino que pura y simplemente lo reduce y encoge, pese a que los salarios del personal sanitario han sido recortados y suben los impuestos a los contribuyentes.

Sepan que el gasto farmacéutico en recetas lleva cinco años moderándose y crece por debajo del PIB. Es probable que el ahorro de 440 millones sea un cálculo muy optimista. De lo que no cabe duda es de que, con esta y otras medidas, el Estado le exige al ciudadano que financie la crisis, y el Estado se dedica a financiar el rescate de los bancos.