Ojalá que ningún serbio de Kosovo dañe a alguno de los 620 militares españoles destacados en su territorio como fuerza de interposición junto con tropas de otros países de la OTAN. Ojalá. Si ocurriera, como estuvo a punto de pasarle a un guardia civil, que resultó herido leve, posiblemente el crimen quedará impune: difícilmente podrían juzgar al autor de acuerdo con leyes internacionales justas. Porque los españoles en ese territorio de 2,15 millones de habitantes y doble superficie que Cantabria están en una provincia que es parte de Serbia para la ONU, y que se ha convertido ilegalmente en país independiente a principios de marzo. Aunque haya sido reconocido por Estados Unidos y numerosos países de la OTAN. Pero no por España, Rusia, y otras naciones con minorías secesionistas. Ahora, esas fuerzas extranjeras ya no están allí al amparo de la resolución 1224 de las Naciones Unidas, de 10 de junio de 1999, que las envió para evitar enfrentamientos interétnicos en esa parte de Serbia. Las tropas fueron a pacificar una provincia, no a inventar un nuevo país.

Y mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no cambie su estatus, Kosovo sigue dependiendo del Gobierno de Belgrado, aunque su población albanesa, la mayoría, haya ejecutado unilateralmente la secesión.

Por tanto, desde principios de marzo las tropas españolas pasaron de la legalidad a una ilegalidad que invita a numerosos serbios a sentirse legitimados para recuperar su territorio, incluso violentamente.

El levantamiento de los serbios contra las tropas de la OTAN podría verse como defensa de la integridad nacional, motivo de beligerancia aceptado por el Derecho Internacional.

Feo asunto: si las tropas españolas sufren daños, sus atacantes no deberían ser juzgados, y si responden matando serbios, tendrían que sentirse como criminales.