Antes de que llegue el caliente otoño lingüístico que algunos meteorólogos auguran, sería bueno hacer una precisión. Lo que se va a combatir mediante las proclamas y manifestaciones de rigor no es la política de la Xunta, sino la voluntad de la mayoría de los gallegos. Los protestantes estarán en su derecho al alzar su voz contra algo que no les gusta, pero incurrirán en una falsedad si invocan a un pueblo que ni les pertenece, ni les hace caso.

Esa política era, en efecto, del PP antes de las elecciones, pero después pasa a ser patrimonio común de los gallegos que la votaron, bastantes. Más tarde, la consulta a los padres demostró que los modelos de inmersión lingüística, o más bien ahogo, merecen un rechazo mayúsculo. Con razón ciertos grupos se empeñaron en boicotear la democrática iniciativa; sospechaban que los resultados serían los que fueron.

Ni el boicot consiguió disuadir a los padres, ni las denuncias de fraude se confirmaron con pruebas. El fraude consistía en aplicar unos criterios idiomáticos inspirados en el complejo de inferioridad, en la vergüenza que algunos sienten al no portarse los gallegos de acuerdo con los catecismos de la corrección idiomática.

Por paradójico que parezca, en la actitud de los inquisidores de la lengua hay un profundo antigalleguismo. No hay otra forma de calificar la manía de despreciar la voluntad del país cuando no coincide con las ortodoxias minoritarias. ¿Eran poco gallegos los padres que apostaron en la encuesta por la enseñanza bilingüe, o tienen déficit de galleguidad los que se empeñan en no aceptar Galicia como es?

Hace poco, un nacionalista destacado reflexionaba sobre la encrucijada actual del movimiento, con una advertencia llena de sabiduría. Decía que el nacionalismo no se puede dirigir al nueve por ciento de la población (estaban recientes los resultados de las europeas), porque eso lo conduciría a la total marginalidad.

¿Y puede hacerse una política lingüística pensando sólo en un porcentaje parecido de ciudadanos? ¿Debe un Gobierno democrático hacer caso omiso de la mayoría, y dejarse guiar por los que importan modelos idiomáticos distintos y distantes a nuestra idiosincrasia? A propósito de esto último, también tiene gracia otra distorsión de la idea de galleguidad que ha echado raíces en estos últimos tiempos.

Consiste en considerar más gallego al que copia por ejemplo la política idiomática de la Generalitat, que al que procura fabricar otra que se adecúe a la voluntad de los ciudadanos de Galicia. Quienes plagian son los continuadores de aquella tendencia política e intelectual que miraba a Madrid con el mismo arrobo que un musulmán a La Meca. En vez de Madrid, Barcelona.

El debate que se quiere transformar en otoño caliente no sólo es lingüístico, no sólo opone dos formas de entender la normalización, la promoción del gallego o su uso en las aulas. También es un debate sobre los principios elementales de la democracia y la base del galleguismo. Tanto la una como el otro son negados por los que preparan manifiestos y protestas intentando suplantar a la Galicia real.

En Grandola vila morena es el pueblo el que más ordena. No las academias, ni las mesas, ni algunos organismos culturales, ni ciertos intelectuales por brillantes que sean. Ese pueblo optó aquí por un camino para la convivencia lingüística, contra el que se alzan los nuevos aristócratas. ¿Inmersión? Que se sumerjan ellos.

CLRODRIGUEZ@ELCORREOGALLEGO.ES