El PPdeG ha insistido estos días en subrayar el dato de que, en la pasada legislatura, consensuó con socialistas y nacionalistas "casi el 50 por ciento" de las leyes e iniciativas parlamentarias tratadas en la Cámara, y espera que, habiendo cambiando las tornas, quienes ahora han pasado a la oposición mantengan ese nivel de acuerdo.

Admitirá el presidente Feijóo que la avenencia es cosa del Gobierno y de la oposición, y no sólo de una de las partes, por lo que algo habrán tenido que ver los anteriores gobernantes en ese grado de consenso logrado. En todo caso, la visión cuantitativa no puede ocultar la realidad de que en las grandes cuestiones el disenso entre la oposición popular y la mayoría gobernante marcó a fuego el anterior calendario político y la agenda legislativa: reforma del Estatuto de Autonomía, normalización lingüística, todas las leyes con una incidencia clara en la ordenación y usos del territorio, medioambiente, pesca y acuicultura, vivienda, sanidad y un largo etcétera más.

Con lo cual queda en el aire la duda de si cuando los populares ponen por delante el aspecto cuantativo, están admitiendo de facto que, en las grandes cuestiones cualitativas aludidas, las concesiones del Gobierno Feijóo a la oposición serán mínimas. Es decir, si la oferta de diálogo del nuevo presidente de la Xunta será algo así como "te doy ésto, y si lo quieres, lo tomas y si no, lo dejas".

Algunas declaraciones recientes de los heraldos de la segregación escolar lingüística y de los presidentes de la CEG y de los promotores inmobiliarios, inciden en recordarles a los populares las posiciones coincidentes mantenidas en la anterior legislatura, aunque Feijóo haya anunciado ahora que mantendrá la moratoria que prohíbe construir a menos de 500 metros del borde del mar. Un detalle positivo, por cuanto en lo que afecta al territorio hay un conflicto entre el interés general y los intereses de los grupos de interés. Basta con citar las rías de Ferrol, A Coruña, Pontevedra y Vigo para recordar críticamente que su desarrollo hubiera sido infinitamente mejor si las actuaciones sobre el territorio se hubieran hecho bajo el principio de incorporar el medioambiente, el paisaje y la seguridad -reparen en lo de los Abruzos- como valor económico, en vez de usarlo como mero soporte físico de infraestructuras y contenedor de las externalidades negativas provocadas por una lógica derrochadora y depredadora de los recursos naturales.

Presumiblemente, socialistas y nacionalistas se preguntarán por qué tienen que hacer ellos una oposición menos obstruccionista que la que a ellos les hicieron los populares cuando ejercían de oposición; se preguntarán por qué tienen que asumir que la crisis económica no sea utilizada como arma de desgaste y derribo del Ejecutivo gallego.

La respuesta la conocen: por responsabilidad y compromiso con quienes consideran que Galicia debe ser de todos y que no todos los políticos son iguales. Porque la conquista del poder, y más en situaciones de crisis, no es lo único importante de la política y lo que se necesita más que nunca es altura de miras. Y todo ello a sabiendas de que no necesariamente los esfuerzos que hagan en ese sentido les serán recompensados electoralmente por los ciudadanos. No es en el aspecto cuantativo, sino en las grandes cuestiones de país, donde el diálogo debería fructificar.

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