Hay que remontarse a octubre del año pasado para entender mejor todo esto. En concreto, al día en que la vicepresidenta S­algado reprendió al líder de los socialistas gallegos por su estrategia con las cajas de ahorro. A partir de ahí se produce un cambio de rumbo que tiene dos consecuencias: el PSdeG pasa a un segundo plano, y el Gobierno impone su diseño.

Hasta esa fecha crucial, Vázquez y los suyos mantienen una línea tan simple como eficaz que se basa en defender la galleguidad de la solución cajera, y aventurar que Feijóo sólo es un títere movido a dos manos por Rajoy y Rato. Frente al entreguismo de la Xunta, los socialistas abogarían por una política autóctona. Frente a la dependencia de la derecha gallega de los grandes intereses madrileños, ellos mantendrían izada la bandera sobre las uchas.

Doña Elena manda parar. Se inicia entonces la primera ofensiva contra la fusión, con la ruptura socialista de los consensos previos. El Gobierno central queda en un segundo plano, confiando que sea suficiente el trabajo de zapa del PSdeG; pero esa misión fracasa, hasta el punto de que los nacionalistas hacen causa común con el Partido Popular. Ni siquiera se logra una posición homogénea. Unionistas y sudistas se intercambian argumentos con el secretario general agazapado entre ambas trincheras. El regidor vigués añade un error adicional a la estrategia al transformar un debate circunscrito a las cajas, en una cruzada local que olvida que Caixavigo se convirtió hace tiempo en una entidad supramunicipal.

Visto que las armas convencionales no sirven para detener el proceso, el Gobierno saca de los arsenales el recurso de inconstitucionalidad. Curiosamente, la embestida contra la ley autonómica es lo único que no le ofrece dudas a un Ejecutivo titubeante en todos los demás aspectos de su política económica. Todo son simulaciones, amagos y contradicciones, menos la radical decisión de decapitar la norma.

¿Qué gana con ello? La pregunta es oportuna porque es mucho lo que pierde. Pierde un partido como el PSdeG que ahora ve cómo todos aquellas acusaciones sobre la dependencia de la Xunta de dictados foráneos, se vuelven en contra. ¿Quién es al final el dependiente? Pierde el lobby de ministros galaicos, cuya actuación en el lance es diametralmente opuesta a la que observan sus colegas catalanes en el asunto del Estatut. ¿Por qué tanto escrúpulo con una ley equivalente a la de otras comunidades, y tanta transigencia con la Constitución catalana?

Quizá la respuesta está en que hablamos de algo que es más que una ley. El Ejecutivo y sus aliados han dibujado un mapa financiero que repite el de la financiación autonómica. Ganadores y perdedores son más o menos los mismos, y hasta se parece su puesta en escena. Por ejemplo, igual que ocurrió con aquellas negociaciones, con las cajas de ahorro se insinuó una negociación que finalmente no se produjo.

El recurso llega porque Galicia se sale del guión. Lo previsto era que Feijóo aceptara obediente su papel en la obra, o que el socialismo local lo disuadiera, o que los sindicatos y empresarios se resignaran al libreto. Nada de eso ha sucedido. El recurso no tendrá más aplauso que el que prodiguen los socialistas, de los que habrá que excluir a aquellos que, como Salvador Fernández-Moreda, aseguraron que no había asomo de ilegalidad en la norma aprobada por el Parlamento. Aunque no se den cuenta, la decisión de recurrir los deja más a la deriva.

CLRODRIGUEZ@ELCORREOGALLEGO.ES