Ya sería el colmo que el Gobierno autonómico y la oposición no estuvieran de acuerdo en que una de las prioridades del país es combatir el paro. Con las dificultades que existen para que la inversión privada y el consumo tiren de la demanda interna, como consecuencia, entre otras cosas, de que el grifo del crédito sigue semicerrado y las familias no están para fiestas, una de las alternativas es cebar la bomba de la inversión en obra pública, a fin de que crear actividad económica y empleo. Esa es una de las recetas keynesianas en las que han coincidido en rescatar en esta crisis el FMI, la OCDE, la Comisión Europea y otras instituciones económicas internacionales.

Así, pues, bienvenido sea ese pacto si finalmente el plan se materializa. Porque lo que todavía no sabemos es de dónde piensa el Gobierno gallego obtener los 1.300 millones de euros ( lo de "cuando menos" es mera retórica) que irían destinados a obra pública para este año, según recoge la iniciativa parlamentaria consensuada por las tres fuerzas políticas, y cuáles serán los proyectos a incluir en dicho plan.

Fuera ya del debate sobre la situación que atraviesa la comunidad autónoma de Galicia, otro pacto de sumo interés es el referido a la reforma de la Lei do Solo. Si bien esa reforma saldrá adelante por una mayoría muy amplia, pero no por unanimidad, al no sumarse el BNG al consenso.

El punto de discordia, que impedía a populares y socialistas cerrar el acuerdo sobre la gestión y usos del suelo, es la posible ubicación de una enorme piscifactoría en la loma de cabo Touriñán, un espacio integrado en la Red Natura.

Por lo que se aprecia, la fórmula elegida por ambas partes para salvar ese escollo ha sido recurrir a la ambigüedad, es decir, a una redacción que posibilita lecturas antitéticas según conveniencia de parte. De hecho, eso es lo que han venido a explicitar los portavoces de ambas fuerzas políticas nada más hacerse pública la noticia del acuerdo. Por tanto, el pacto de la ambigüedad no modifica la postura política del Gobierno Feijóo a favor de planta acuícola ni la del PSdeG en contra. Deja las espaldas en alto, y el futuro de Touriñán queda a expensas de cómo manejen la madeja jurídico-administativa quienes gobiernan. Y quienes ahora gobiernan son los populares, no los socialistas.

De nuevo volvemos al punto de partida. Porque Touriñán es también lo que simboliza. Y de lo que se haga con ese espacio natural dependerán otras actuaciones con efectos en otros puntos del territorio gallego. No es una actuación puntual y/o singular lo que está en juego, pues lo singular es que se trata de un espacio terrestre marítimo irrepetible que, por lo mismo, debe ser respetado y conservado. Lo que se dirime es una manera de concebir el territorio y, en consecuencia, de asumir aquellos espacios merecedores de un trato especial, pero también la manera de dar satisfacción a la demanda creciente de paisaje y medioambiente.

Lo que resulte del pacto de la Ley del Suelo dará la medida de las posibilidades que existen de un pacto por el territorio, que pasa ineludiblemente por las directrices del territorio. Es en ese todo, donde en realidad se sustanciará el modelo. En ese sentido el pacto ambiguo del Suelo puede que resuelva menos de lo que debería haber resuelto.

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